Legisladores porteños de Unión por la Patria presentaron un pedido de informes sobre el “accionar de la Policía de la Ciudad durante la manifestación realizada el día 30 de julio de 2025 en las inmediaciones del Congreso de la Nación”. La fuerza local reprimió la marcha de jubilados y hubo siete detenidos, que recuperaron la libertad, y decenas de heridos, según reportó la Comisión Provincial por la Memoria y la Defensoría del Pueblo de CABA.
“Indique qué dependencia policial estuvo a cargo del operativo y cuántos efectivos participaron. Informe qué protocolos de actuación se aplicaron durante dicho operativo. Detalle qué tipo de armamento, municiones o dispositivos disuasivos (como gases lacrimógenos, balas de goma u otros) portaban los efectivos presentes, y si su uso estaba expresamente autorizado», son algunos de los puntos requeridos por los legisladores.
En la fundamentación, los representantes del bloque UP señalaron: “Durante el operativo desplegado por la Policía de la Ciudad, se registraron graves episodios de violencia institucional que afectaron directamente a personas mayores, manifestantes y trabajadores de prensa que se encontraban cubriendo la jornada. Entre ellos, el periodista Nicolás Munafó, del canal C5N, fue herido por un disparo de bala de goma a corta distancia, dirigido a su rostro, mientras realizaba su tarea profesional en vivo, sin constituir en ningún momento una amenaza al orden público”.
Al respecto, manifestaron: “Este accionar no puede ser minimizado ni tolerado. La brutalidad policial ejercida contra periodistas, camarógrafos y jubilados constituye una violación directa a los principios básicos de un Estado democrático, donde la protesta social es un derecho constitucionalmente protegido y el ejercicio del periodismo, una garantía esencial para el control ciudadano del poder y la defensa de las libertades públicas. La Policía de la Ciudad no puede intervenir con armas o dispositivos disuasivos de manera indiscriminada o contra personas que no representan ningún tipo de peligro. Hacerlo no solo pone en riesgo la integridad física de ciudadanos y trabajadores, sino que vulnera estándares legales locales e internacionales, incluyendo los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad que rigen toda intervención policial”.
“Lo sucedido el 30 de julio no es un hecho aislado, sino parte de una serie de episodios preocupantes que se repiten miércoles tras miércoles, en el marco de manifestaciones pacíficas donde se ha vuelto una constante la presencia de fuerzas de seguridad con alto grado de hostigamiento y represión. Es deber de esta Legislatura exigir transparencia en la actuación de las fuerzas de seguridad bajo jurisdicción porteña, identificar responsabilidades individuales e institucionales, y garantizar que ningún efectivo actúe por fuera del marco legal y los protocolos vigentes”, concluyeron.
Juan Castro