La legisladora María Sol Méndez (Confianza Pública) presentó un pedido de informes sobre el estado de situación del puente Ciudad de la Paz – Soler. En marzo se reinauguró al tránsito liviano luego de haber cerrado en 2023 y en junio AUSA anunció una licitación pública para construir un nuevo puente destinado al tránsito pesado.

Esta semana el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales se reunió a evaluar si quitaba la protección patrimonial sobre el puente, pero el encuentro pasó a cuarto intermedio.

“Informe si existe interés en desmontar el actual puente reacondicionado a fin de instalar una estructura nueva que soporte el tránsito del transporte pesado. Informe si se le solicitó al CAAP el levantamiento de la protección patrimonial, detallando fecha del pedido, y si el mismo fue solicitado con posterioridad al llamado de licitación pública”, son algunos de los requerimientos de la legisladora.

“Según hemos podido conversar con asociaciones y vecinos de los barrios de Belgrano, Colegiales y Palermo, han cuestionado y no han obtenido respuesta por parte del Ejecutivo respecto a los criterios técnicos, licitatorios, presupuestarios, plazos, impacto patrimonial y participación ciudadana asociados al llamado a licitación realizado por AUSA, así como el proceso de descatalogación del bien patrimonial ante el CAAP”, menciona la defensa del pedido de informes.

“Fue cerrado preventivamente el 17 de enero de 2023 por riesgo estructural, permaneció más de dos años sin obras hasta su reapertura el 31 de marzo de 2025, tras mejoras urgentes para vehículos livianos, peatones, bicicletas y motos, permitiendo nuevamente la conectividad entre Palermo, Colegiales y Belgrano. Conforme información que pudimos recolectar, la intervención realizada por el GCABA incluyó refuerzos metálicos, reconstrucción de juntas y ajuste de accesos, que permitió su reutilización recientemente, y que ha tenido un coste monetario más que significativo para la Ciudad. Por ello, llama notoriamente la atención que, el 27 de junio de 2025, es decir tan solo 3 meses después de su apertura al tránsito vehicular, AUSA hubiese lanzado un llamado a licitación pública para desmontar la actual estructura y construir un nuevo puente que permita el tránsito pesado”, menciona sobre la historia del lugar.

“Paralelamente, AUSA habría solicitado al Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP) la descatalogación del puente, lo que permitiría su remoción. Los vecinos denuncian que la convocatoria licitatoria avanzó antes de concretarse el trámite patrimonial, con plazos exiguos y posible aceleración ante la presión vecinal por frenar la demolición”, se expone sobre la situación vigente.

“Vecinos, ONG y arquitectos especialistas en conservación patrimonial han expresado su preocupación por el reemplazo de una estructura centenaria que ha sido incluida en el catálogo patrimonial de la Ciudad. Reclaman la preservación del puente original y denuncian una falta de justificación técnica para su demolición, dado que no forma parte de la red de tránsito pesado de la ciudad según el artículo 9.10.5 del Código de Tránsito (Ley 2148)”, finalizó el pedido de informes.

Juan Castro