El Gobierno dispuso la desvinculación de once empleados del Hospital Garrahan, en el barrio de Parque Patricios, tras un sumario por la ocupación de oficinas directivas ocurrida el 31 de octubre de 2025. La medida, que afecta a diez dirigentes gremiales, fue anunciada este martes 3 de febrero por el jefe de Gabinete porteño, Manuel Adorni, minutos después de las notificaciones internas del hospital.
Los cesanteados incluyen a Norma Lezana, Maximiliano Bares Fara, Alejandro Lipcovich, Diego Rubén Saavedra, Beatriz Haydeé, Xinena Jessica Pared, Gabriela Beatriz Malgarejo, Sinforosa Recalde, Gerardo Fernando Oroz, Emilce Correa Lousao y Silvia Verónica Cipollini Araujo. Diez de ellos ostentan fueros sindicales de ATE y APyT (Asociación de Profesionales y Técnicos), lo que frena su salida inmediata hasta un fallo judicial que levante la tutela.
Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE en el Garrahan y uno de los afectados, criticó la decisión como un “ataque dirigido a los líderes de la pelea salarial de 2025”. Denunció que apunta a delegados de ATE, APyT y activistas varios, en represalia por reclamos contra descuentos por paros.
El episodio detonante fue un conflicto por no pago de días de huelga. Ese día, un grupo de sindicalistas irrumpió en la Dirección Médica, bloqueando tareas administrativas, reteniendo personal y protagonizando insultos y resistencia a la seguridad, según la pesquisa del hospital. Las autoridades iniciaron 44 sumarios, con testimonios, videos y reportes que derivaron en once cesantías por rol protagónico en la irrupción.
El Consejo de Administración optó por castigos graduados: suspensiones leves para la mayoría y despidos para estos casos graves. Además, planean sancionar a treinta trabajadores más. Solo una de las cesanteadas carece de fuero, permitiendo su egreso rápido al cerrar el trámite.
Fuentes del Garrahan subrayan que la toma paralizó un área vital para la gestión pediátrica, única en Latinoamérica por complejidad. Adorni defendió la resolución como “defensa de la normalidad institucional”, en un hospital que atiende 600.000 consultas al año.
Gremios amenazan con medidas de fuerza, alegando persecución antisindical. El caso llega a la Justicia, donde se definirá si proceden los desafueros.
