Un dirigente sindical vinculado a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) accedió a la suspensión del juicio a prueba en una causa judicial por amenazas y hechos de violencia ocurridos durante un conflicto gremial en 2021. Como parte del acuerdo judicial, el sindicalista Sergio Gauna deberá realizar una donación de 400.000 pesos al Hospital Garrahan y cumplir 100 horas de trabajo comunitario en una sede de Cáritas.
La medida fue avalada en el marco de una causa que tramita ante el Tribunal Oral Federal N° 3, bajo la intervención del juez Andrés Basso. La resolución permite suspender el proceso judicial siempre que el imputado cumpla con determinadas condiciones, entre ellas la reparación simbólica del daño y la realización de tareas de carácter social.
El expediente se originó tras una denuncia presentada por el empresario del transporte Esteban Falcigno, propietario de compañías de colectivos que operan en el conurbano bonaerense. Según la acusación, a comienzos de 2021 Gauna fue detenido junto a otras cuatro personas luego de protagonizar un bloqueo en instalaciones de la empresa Expreso del Oeste, ubicadas en el partido bonaerense de La Matanza.
De acuerdo con la denuncia, durante ese episodio el dirigente sindical habría agredido físicamente al empresario. Las cámaras de seguridad instaladas en la oficina registraron el momento en que el dueño de la compañía fue empujado y cayó al suelo, lo que le provocó un traumatismo cervical y un traumatismo encefalocraneano secundario.
En las imágenes también se observa que el empresario fue intimidado para que eliminara de su teléfono celular las fotografías que había tomado del bloqueo del predio. Según la presentación judicial, los agresores le habrían exigido borrar el material bajo amenazas.
Ese primer episodio fue investigado en la justicia provincial y llegó a instancia de juicio ante el Tribunal en lo Criminal N° 3 del Departamento Judicial de La Matanza. En ese proceso, Gauna resultó finalmente absuelto.
Sin embargo, pocos días después se registró un nuevo incidente, esta vez en instalaciones de la empresa Sierras Cordobesas, también propiedad de Falcigno. Este segundo hecho fue investigado por la justicia federal y dio origen a la causa tramitada en los tribunales de Comodoro Py, donde el sindicalista fue procesado por el delito de amenazas coactivas agravadas por el uso de armas.
Durante el desarrollo del proceso, la defensa de Gauna propuso aplicar la figura de suspensión del juicio a prueba, un mecanismo legal que permite evitar el debate oral si el imputado acepta cumplir determinadas condiciones fijadas por la Justicia.
El empresario denunciante manifestó su desacuerdo con esa alternativa, aunque el Ministerio Público Fiscal consideró viable el planteo y dio curso al acuerdo que finalmente fue homologado por el tribunal.
En la causa también se dejó constancia del perjuicio económico que habría sufrido la empresa de transporte durante el bloqueo sindical. Según la denuncia presentada por la compañía, debió reintegrar el dinero de los pasajes vendidos mientras se mantuvo interrumpido el servicio, lo que representó una pérdida cercana al millón de pesos en valores de 2021.
De esta manera, el proceso judicial quedará suspendido siempre que el dirigente cumpla con la donación al Hospital Garrahan y con las horas de tareas comunitarias en Cáritas. En caso de incumplimiento, el expediente podría reactivarse y avanzar hacia la instancia de juicio oral.
