El Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, mediante la Justicia en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la CABA a través de la Oficio Judicial N° 22126344/GCABA-PG/26, ha dado un paso decisivo en una causa que pone la lupa sobre el riesgo de contaminación por hidrocarburos en la zona del Abasto.
A través de un edicto judicial, el Juzgado Nº 21 notificó la apertura de un proceso colectivo derivado de la demanda de una vecina, Julia Adriana Rollo, contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA).
La acción judicial busca que la Agencia de Protección Ambiental (APRA) cese en su “conducta omisiva” y cumpla con su deber de fiscalizar la planta baja del edificio ubicado en Tucumán 3001/3021 donde antiguamente funcionó una estación de servicio.
El foco del conflicto: estudios hidrogeológicos
La demandante sostiene que existe una afectación directa al derecho a un ambiente sano debido a que las autoridades no han garantizado la seguridad del predio frente a la posible presencia de sustancias contaminantes. La pretensión principal es que se ordene a la APRA encomendar la realización de estudios hidrogeológicos a un tercero, con cargo a las empresas responsables del sitio.
Entre los señalados en la causa se encuentran las firmas Motor Once S.A., Raizen Argentina S.A.U. (licenciataria de Shell) y Shell Argentina S.A., a quienes se les exige completar la documentación técnica requerida para la recomposición ambiental del lugar, bajo los términos de la Ley de Gestión Ambiental de Sitios Contaminados (Ley N° 6.117).
Convocatoria a interesados
Dada la naturaleza del bien protegido —el ambiente—, la jueza Larrea determinó que el proceso tiene carácter colectivo. Esto implica que la sentencia final afectará no solo a la demandante, sino a todos los ciudadanos que puedan verse perjudicados por la presunta degradación ambiental.
Por este motivo, el juzgado ha otorgado un plazo de diez días hábiles (que comenzarán a correr desde la última publicación del edicto) para que cualquier persona que tenga un “interés jurídico relevante” pueda presentarse en el expediente, constituir domicilio y manifestar lo que corresponda, ya sea en apoyo de la parte actora o de la demandada.
Medidas adicionales
La resolución también ordena al Gobierno porteño remitir copias de los expedientes administrativos relacionados con el sitio desde el año 2014 y solicita información a la justicia civil sobre un juicio previo por daños y perjuicios derivado de la propiedad horizontal en dicho domicilio.
La difusión del caso no se limitará al Boletín Oficial; el juzgado ordenó la publicación en la web oficial del GCBA, en el sistema de difusión del Consejo de la Magistratura y la notificación directa a la Defensoría del Pueblo y a la Comisión de Ambiente de la Legislatura Porteña.
Datos del Expediente:
Carátula: “ROLLO, JULIA ADRIANA CONTRA GCBA Y OTROS SOBRE AMPARO – AMBIENTAL”
Causa Nº: 45160/2026-0
Juzgado: N° 21, Secretaría N° 41 (Av. Roque Sáenz Peña 636, piso 5°).
J.C.
