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Bajo el nombre de «Tormenta Negra», el Gobierno de la Ciudad desplegó más de 1.500 efectivos. Vecinos y redes comunitarias alertan sobre una escalada de violencia y criminalización de la economía popular.
Una profunda tensión atraviesa a los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires tras el lanzamiento del operativo denominado «Tormenta Negra». El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, encabeza una ofensiva de seguridad que, según fuentes oficiales, busca combatir el narcotráfico y regularizar el espacio público. Sin embargo, un amplio arco de organizaciones territoriales ha denunciado que estas acciones constituyen un «show represivo» destinado a hostigar a los sectores más vulnerables.
El despliegue, que moviliza a un ejército de más de 1.500 efectivos de fuerzas represivas, se fundamenta formalmente en controles de tránsito, lucha contra la venta ambulante y vigilancia migratoria. No obstante, el colectivo «Interredes» sostiene que estos pretextos ocultan una estrategia deliberada de militarización. Según denuncian los espacios comunitarios, el objetivo real es sitiar los barrios, emulando la intervención que desde hace un mes se mantiene de forma estricta en la Villa 31 de Retiro.
Las organizaciones, que incluyen a la Red de Docentes y Familias del Bajo Flores, Red Lugano y diversas asambleas feministas villeras, advierten que esta demostración de fuerza lejos de garantizar bienestar, cosecha terror y violencia. Sostienen que el operativo afecta directamente a trabajadores de la economía popular y niños, eliminando fuentes de sustento en un contexto económico asfixiante. En este sentido, interpretan la medida como una competencia política entre los sectores más duros de la derecha nacional por demostrar mayor rigor en el control social.
En paralelo a esta presencia física en los territorios, ha estallado una fuerte controversia por la propuesta de Jorge Macri de establecer un «muro de control» tecnológico y físico entre la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. El jefe de Gobierno justificó la iniciativa bajo la premisa de proteger a los ciudadanos porteños de la criminalidad proveniente de la provincia de Buenos Aires, enfocándose en un refuerzo de los anillos digitales y la vigilancia fronteriza para blindar los accesos.
Ante esta escalada, las redes territoriales se han declarado en alerta máxima y exigen la intervención inmediata de organismos de control. Reclaman la presencia de los Comités contra la Tortura, las Defensorías del Pueblo y legisladores para frenar lo que definen como una arremetida contra sus vidas y territorios. El pedido central radica en revertir las campañas mediáticas estigmatizantes y garantizar que no se repitan los hechos de violencia denunciados, mientras llaman a la organización comunitaria para responder de forma unificada frente a este escenario.
Fuente: Comunicado Interredes
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