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El Gobierno nacional oficializó la eliminación del régimen de compensaciones económicas que percibían las empresas de transporte automotor de pasajeros de larga distancia por los pasajes gratuitos otorgados a personas con discapacidad, trasplantados y pacientes oncológicos. La medida, dictada a través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte y publicada en el Boletín Oficial, deroga el andamiaje normativo construido entre 2018 y 2023 que establecía los mecanismos de reintegro parcial del Estado para cubrir los boletos que las compañías deben garantizar por ley.
A pesar de que el texto oficial aclara de manera taxativa que la decisión no afecta el contenido esencial del derecho a la gratuidad, el cual continúa plenamente vigente y exigible para las empresas, la resolución traslada la totalidad del costo operativo al sector empresarial en un contexto de profunda reconfiguración del mercado. La normativa fundamenta este giro en el nuevo esquema desregulatorio del transporte interjurisdiccional, consolidado a partir del Decreto 883/2024, que facultó a las compañías a determinar libremente sus recorridos, horarios, modalidades y tarifas. En ese marco, el Poder Ejecutivo encomendó a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) la fiscalización estricta para garantizar que las empresas sigan emitiendo las órdenes de pasajes sin recibir contraprestación pública.
La respuesta comunitaria no se hizo esperar ante lo que se percibe como una vulneración indirecta del acceso a la movilidad. Desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad manifestaron una profunda preocupación, alertando que la quita de incentivos financieros puede traducirse en mayores obstáculos prácticos para los usuarios al momento de solicitar los boletos en las boleterías. Según la organización, que nuclea a diversas instituciones del sector desde su fundación en agosto de 1997, esta medida profundiza la incertidumbre y se suma a un escenario de ajuste caracterizado por el atraso arancelario y el recorte de políticas públicas específicas.
Para el colectivo de defensa de los derechos de las personas con discapacidad, la eliminación de estos fondos estatales tensiona la relación entre el Estado, las prestatarias y los usuarios, amenazando la operatividad real de leyes históricas de protección social como la 22.431, la 26.928 y la 27.674. El Foro, estructurado mediante áreas de observación directa en todo el país para dar una respuesta integral a la problemática, ratificó su compromiso de acción conjunta y convocó al resto de las entidades vinculadas a la temática a unirse en el reclamo por la equiparación de oportunidades, advirtiendo que la falta de financiamiento estatal debilita el soporte que sostiene la vida plena de los sectores más vulnerables.
La entrada Fin de los subsidios por pasajes para discapacidad: el Gobierno eliminó las compensaciones y el sector advierte riesgos en el acceso al derecho se publicó primero en Portal Barrio Parque Chas.
