El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 2 de la Ciudad de Buenos Aires dictó una medida cautelar que ordena al Gobierno de la Ciudad el cese de los desalojos administrativos de inmuebles con fines habitacionales. La resolución responde a un recurso de amparo presentado de forma conjunta por los legisladores porteños Victoria Freire y Alejandro “Pitu” Salvatierra, junto a organizaciones no gubernamentales y un grupo de vecinas damnificadas. La presentación judicial denunciaba que la administración liderada por el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, venía recurriendo a la gestión de trámites internos para consumar desocupaciones forzosas, evitando de este modo someter los procedimientos a la revisión de los tribunales de la Ciudad.
El anuncio lo realizó la legisladora Freire en redes y explicó: “De ahora en más, el GCBA ante cualquier intento de desalojo tiene que comunicarse con la Justicia antes sí o sí (no hay excusas, hay juzgados de turno las 24hs). Y deberá garantizar a las familias una vivienda transitoria, efectiva e inmediata, entre otras medidas que indica la cautelar”.
Los fundamentos que acompañaron el amparo expusieron el crecimiento de las metodologías administrativas en los últimos meses. De acuerdo con los datos presentados por los legisladores y las entidades sociales, durante el primer bimestre de este año, el 58% de los desalojos concretados en la Capital Federal se realizaron por la vía administrativa, es decir, omitiendo el control de un juez. El informe advierte además sobre el perfil demográfico de los afectados por estas medidas coercitivas, señalando que el 33% del total de las personas que resultan desalojadas en el ámbito de la Ciudad son menores de edad.
Desde el bloque de diputados opositores argumentaron que la proliferación de estos operativos coincide con un escenario de desfinanciamiento de las herramientas de asistencia social y de los programas de vivienda del Estado local. Los denunciantes señalaron que la vía administrativa venía utilizándose para acelerar procesos de expulsión de poblaciones vulnerables que requerían un acompañamiento prioritario de las políticas públicas. Tras la notificación del fallo, los sectores que impulsaron el amparo anunciaron que realizarán un seguimiento estricto del cumplimiento de la cautelar.
J.C.
