Tiempo de lectura: 5 minutos
En una sesión de alta intensidad política y fuertes debates, el Cuerpo Legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó el financiamiento de 1.350 millones de dólares para expandir la red de subterráneos tras 25 años y convalidó el endurecimiento de penas para los cuidacoches. La jornada parlamentaria también selló la restricción total de los vapeadores a menores, la desburocratización a través de la «Ley Hojarasca» y una reforma integral al sistema de deudas familiares y controles vehiculares.
Con la presencia de los diputados de los distintos bloques que componen el arco político de la Capital, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se transformó en el escenario de intensos debates cruzados que culminaron con la sanción de un paquete de leyes de fuerte impacto económico, social y urbano. La sesión legislativa estuvo signada por la confluencia de proyectos de gran envergadura estructural, destacándose la aprobación del financiamiento para la construcción total de la esperada Línea F de subterráneos y la convalidación de la controvertida «Ley Antitrapitos», junto a reformas clave sobre salud pública, alivio financiero y desregulación administrativa.
El primer gran hito de la tarde se alcanzó al tratarse la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo local para autorizar operaciones de crédito público destinadas a la Línea F. El proyecto faculta a la Ciudad a gestionar recursos por un monto de hasta 1.350 millones de dólares a través de organismos multilaterales, instituciones financieras internacionales y la colocación de títulos de deuda pública. La meta de este endeudamiento estratégico es impulsar la obra de infraestructura de transporte más ambiciosa de las últimas décadas, buscando optimizar de raíz la conectividad interbarrial, favorecer la movilidad sustentable y expandir el mapa del subte. Al momento de defender la propuesta, el diputado Waldo Wolff, del bloque Vamos por Más, tomó la palabra para remarcar que la Legislatura estaba adoptando una decisión que trasciende un mandato, una gestión, e incluso una generación, al autorizar el financiamiento para la primera nueva línea de subterráneos impulsada en la ciudad en los últimos 25 años. La contundencia del consenso quedó reflejada en la pantalla del recinto: 56 votos afirmativos, apenas uno negativo y ninguna abstención.
La atmósfera del debate se tornó notablemente más tensa cuando llegó el turno de discutir la Ley Antitrapitos, redactada por la Jefatura de Gobierno. El proyecto, que modifica los artículos 91 y 92 del Código Contravencional (Ley N° 1.472), establece un severo endurecimiento del régimen sancionatorio para la oferta y prestación sin autorización de servicios de estacionamiento, cuidado de coches o limpieza de cristales en la vía pública. Desde la bancada oficialista, la diputada Gimena Villafruela argumentó que la norma responde de manera directa a uno de los reclamos más frecuentes y recurrentes de los vecinos, señalando que la contravención de los cuidacoches es una de las acciones más denunciadas en los barrios y que representaba una situación que debía terminar. En la vereda opuesta, la oposición plantó su postura a través de la legisladora Claudia Neira, de Fuerza por Buenos Aires, quien defendió la coherencia de su bloque al discutir soluciones reales con la valentía de llamar a las cosas por su nombre. Finalmente, la reforma contravencional se impuso con 35 votos a favor y 18 en contra.
El nuevo texto normativo contra la actividad informal introduce penas que van desde los cinco hasta los treinta días de arresto, la obligatoriedad de realizar trabajos comunitarios y multas de hasta 4.000 unidades fijas para quienes ejerzan la actividad sin permiso. Estas sanciones se agravarán al doble en aquellos casos donde las conductas estén motivadas por causales de desigualdad de género, y treparán hasta los sesenta días de arresto para quienes actúen como organizadores o promotores de estas estructuras. Asimismo, la ley fija agravantes especiales para las contravenciones cometidas en el entorno de grandes parques urbanos o espectáculos masivos, ampliando sustancialmente el radio geográfico y las franjas horarias de control, e imponiendo multas e inhabilitaciones a las instituciones involucradas en su organización. Como medidas accesorias, los jueces podrán dictar la prohibición de concurrencia y la interdicción de cercanía a los lugares de la infracción. Para garantizar la aplicabilidad de la norma, el Ministerio Público Fiscal desplegará Oficinas Móviles de denuncia en articulación con las fuerzas de seguridad, al tiempo que se establece la obligación de informar a los contraventores sobre los programas de asistencia social vigentes.
La salud de las infancias y las nuevas generaciones también ocupó un lugar central en el debate con la sanción de la regulación del uso, la venta y la publicidad de vapeadores y dispositivos emergentes de tabaco y nicotina. La legislación prohíbe de forma taxativa el acceso a estos productos a menores de 18 años e impone restricciones idénticas a las del tabaco tradicional frente al preocupante incremento de su consumo en la población adolescente. De este modo, queda vedado el uso de cigarrillos electrónicos en espacios cerrados de acceso público, abarcando escuelas, hospitales, dependencias de transporte y centros culturales. Adicionalmente, se prohíbe toda acción de patrocinio, oferta gratuita o publicidad fuera de los comercios habilitados, los cuales deberán exhibir advertencias sanitarias legibles. Quienes infrinjan la norma enfrentarán multas de entre 500 y 5.000 unidades fijas, decomiso de mercadería y la clausura del local. La ley también ordena la actualización de los programas de cesación tabáquica en hospitales públicos, la creación de un registro local para el seguimiento de casos de Evali —lesión pulmonar asociada al vapeo— y la gestión diferenciada de los residuos plásticos y electrónicos derivados de estos dispositivos mediante protocolos de descarte en los Puntos Verdes.
Hacia el cierre de la extensa sesión, el Cuerpo Legislativo dio luz verde a otros tres proyectos despachados previamente por comisiones asesoras. En primer término, se aprobó el Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal, de la autoría de Leandro Santoro. Esta herramienta social crea una línea exclusiva de créditos gestionada a través del Banco Ciudad para la cancelación y refinanciación de deudas personales preexistentes, ofreciendo tasas y condiciones más favorables que las de la plaza financiera actual e incentivando la participación de la banca privada para robustecer la oferta.
Finalmente, el recinto convalidó dos iniciativas de la diputada María del Pilar Ramírez, de La Libertad Avanza. La primera fue la denominada «Ley Hojarasca», un cuerpo normativo diseñado para derogar leyes obsoletas, registros inactivos y requisitos burocráticos caídos en desuso, buscando simplificar los trámites y reducir de manera drástica las cargas administrativas que pesan sobre los ciudadanos y las empresas. La segunda propuesta de la legisladora selló de manera formal la reforma al sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) que descentraliza el servicio permitiendo la incorporación de talleres mecánicos de barrio y concesionarios que cumplan las exigencias gubernamentales. La norma ratificó el nuevo cronograma temporal para los usuarios: los automóviles particulares cero kilómetro realizarán su primera inspección obligatoria recién a los cinco años o sesenta meses de su patentamiento; las unidades de hasta diez años de antigüedad deberán cumplir con el trámite cada dos años; mientras que aquellos vehículos que superen la década de uso mantendrán la obligatoriedad de la revisión técnica con una periodicidad estrictamente anual. Tras el recuento de los últimos votos, la sesión concluyó dejando un mapa de profundas reformas que alterarán la fisonomía legal, el transporte y la convivencia en el espacio público de la Ciudad.
La entrada Una jornada de reformas estructurales en la última sesión de Legislatura porteña se publicó primero en Portal Barrio Parque Chas.
