Lo que comenzó como una preocupación por la posible ocupación ilegal de una vivienda terminó convirtiéndose, según denuncian sus habitantes, en un problema cotidiano que lleva meses alterando la vida de un sector de Las Mil Casitas, uno de los barrios más tradicionales de Liniers. Cansados de afrontar con recursos propios tareas de mantenimiento, seguridad y limpieza, un grupo de vecinos reclama la intervención urgente del Gobierno de la Ciudad ante la situación de una casa deshabitada ubicada en la esquina de Humaitá y el pasaje El Mirasol.
La propiedad permanece vacía desde el fallecimiento de los dos integrantes de la familia que residía allí. Mientras avanza el proceso sucesorio, los frentistas aseguran que debieron asumir un rol que excede ampliamente el de simples vecinos: evitar intentos de usurpación, costear obras para proteger el inmueble y atender problemas derivados del abandono de la propiedad.
“Estamos muy preocupados con esta situación y no vemos que ni la Comuna 9 ni el Gobierno de la Ciudad atiendan nuestros reclamos”, resume el sentimiento que comparten quienes viven en las inmediaciones de Humaitá y Carhué. Según sostienen, el conflicto ya no afecta únicamente a la vivienda, sino también a la seguridad y al mantenimiento del entorno.
Delia Carro, una de las vecinas que sigue de cerca el caso, explica que desde el inicio del trámite sucesorio comenzaron a registrarse reiterados intentos de ingreso al inmueble por parte de personas ajenas al barrio. “Todos los vecinos colindantes, frentistas y de cercanía nos hemos ocupado de evitar que la casa fuera intrusada, siempre con la presencia de efectivos de la Comisaría Vecinal 9A”, señala.
Ante la persistencia de esos episodios, los propios vecinos solicitaron autorización judicial para tapiar y sellar puertas y ventanas de la vivienda. La medida fue aprobada, pero la totalidad de los gastos corrió por cuenta de los residentes.
“Pagamos los materiales y la mano de obra de nuestros bolsillos porque entendíamos que era la única forma de preservar la propiedad y evitar un problema mayor para todo el barrio”, comentan.
Pese a esas acciones preventivas, los intentos de ingreso continuaron. El más reciente ocurrió hace apenas unos días y volvió a poner en alerta a toda la cuadra. Según relatan, durante la madrugada comenzaron trabajos de perforación sobre la vereda. El ruido de esas tareas habría sido utilizado para disimular otro boquete que desconocidos realizaban simultáneamente sobre la puerta principal de la vivienda.
La maniobra fue advertida por vecinos que ya estaban despiertos a esa hora, quienes alertaron rápidamente a la Policía. La intervención de efectivos de la Comisaría Vecinal 9A permitió frustrar un nuevo intento de ocupación.
Sin embargo, el episodio dejó nuevas consecuencias. La vereda quedó parcialmente destruida y sobre el frente permanece un cajón para escombros que, según denuncian, es utilizado de manera permanente por personas desconocidas para arrojar residuos.
“Después somos nosotros quienes terminamos retirando bolsas de basura y limpiando la vereda para mantener el barrio en condiciones”, explican con evidente malestar.
La preocupación también alcanza al interior del inmueble. Allí permanecen dos automóviles que, aseguran, ya fueron objeto de intentos de desguace. Al mismo tiempo, los grandes árboles ubicados sobre el frente y el lateral de la propiedad llevan años sin recibir tareas de poda. Durante el otoño, las hojas cubren veredas y techos, obstruyen desagües y obligan nuevamente a los vecinos a realizar trabajos de limpieza que consideran ajenos a sus responsabilidades.
Con el paso de los meses, el grupo decidió formalizar sus reclamos. Presentaron tres denuncias ante la Comuna 9 por la obstrucción de la vereda, la reparación de las aceras dañadas por las raíces y la poda del arbolado. Los expedientes fueron registrados bajo los números 00796194/26, 00796236/26 y 00796265/26. Pese a ello, afirman que todavía no recibieron respuestas concretas.
Para los habitantes de Las Mil Casitas, el problema excede el estado de una vivienda particular. Sostienen que el abandono favorece hechos de inseguridad, deteriora el espacio público y obliga a los propios vecinos a asumir tareas que corresponden a distintas áreas del Estado.
“Somos un grupo de vecinos que desde hace años convivimos con respeto y colaboración mutua. Siempre cuidamos nuestro barrio porque valoramos su historia y su tranquilidad. Pero sentimos que el Gobierno de la Ciudad nos ha dejado solos y que hoy somos rehenes de un trámite sucesorio que parece no tener fin”, expresan.
Mientras la sucesión continúa en sede judicial, los residentes insisten en que la Ciudad debe intervenir para garantizar el mantenimiento del inmueble y preservar las condiciones de seguridad de una zona residencial que, aseguran, históricamente se distinguió por la tranquilidad de sus calles y el compromiso de quienes la habitan.
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