La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), encabezada por Diego Spagnuolo, lleva adelante un proceso de auditoría sobre un universo de un millón de pensiones no contributivas por invalidez laboral. Hasta el momento, se suspendieron o eliminaron 80.080 beneficios, lo que representa un ahorro fiscal estimado en $23.143 millones mensuales.
El impacto de una auditoría masiva sobre las pensiones por invalidez laboral está revelando un panorama delicado en el sistema de seguridad social de Argentina. La reciente suspensión de más de 80 mil pensiones ha destacado la urgencia de reformar las políticas vigentes y establecer mecanismos sólidos para evitar fraudes institucionales y asegurar que los recursos lleguen realmente a quienes los necesitan.
La auditoría no incluye a menores ni a quienes ya fueron revisados este año. Se centra en verificar que los beneficiarios cumplan con los requisitos establecidos por la ley 13.478 y el decreto 432/97. Los controles están a cargo de médicos del PAMI y de personal de la ANDIS.
Entre los casos detectados figuran diagnósticos falsificados, certificados médicos apócrifos, presos y prófugos cobrando pensiones, así como personas que no residían en el país. También se descubrieron prácticas como el uso de la misma radiografía en 150 expedientes, o beneficiarios que enviaban a terceros a las evaluaciones médicas.
El decreto 842/2024, firmado en abril, impuso nuevas condiciones para mantener la pensión, debido a que establece la creación de un nuevo cuerpo médico evaluador, obliga a todos los beneficiarios a reinscribirse y declarar su situación mediante una declaración jurada, y habilita a la ANDIS a suspender cautelarmente pensiones ante sospechas fundadas. También se endurecen las incompatibilidades: quedan excluidas las personas con ingresos superiores al tope legal, detenidos, prófugos o quienes perciban otras asignaciones previsionales.
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