Los sacerdotes que acompañan día a día la vida en las villas porteñas elevaron un duro pronunciamiento contra la actuación de las fuerzas de seguridad, tras el fatal desenlace de Gabriel González, ultimado a tiros el 25 de diciembre en un barrio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En un texto cargado de dolor y exigencia, repudiaron lo que califican como una operación desproporcionada, más próxima a una persecución salvaje que a un servicio ordenado en las calles.
El comunicado de los curas villeros, conocidos por su compromiso con los más postergados, suma este episodio a una secuencia alarmante de intervenciones letales por parte de la Policía de la Ciudad, cuerpo al que reclaman como protector genuino de la gente. “Deberían resguardar a los vecinos, no acabar con ellos”, afirman, recordando fallidos precedentes que han salpicado de sangre las barriadas. Insisten en que las comunidades necesitan patrullaje efectivo, pero lejos de excesos que siembran terror: “El Estado no puede resolver problemas matando personas”.
En medio de déficits crónicos para cloacas, luz y vivienda digna en las villas, y con una conflictividad social en ebullición, los religiosos apremian a las autoridades a desplegar estrategias de prevención delictiva con inteligencia y vocación pacificadora. Rechazan la tentación de respuestas violentas que solo avivan el fuego, y piden un Estado presente con presupuesto y presencia criteriosa. “Reconocemos labores policiales ajustadas, pero faltan planes profundos para el conurbano y los barrios populares”, precisan.
Desde hace décadas, estos curas —figurones en la lucha por los derechos de los marginados— han alzado la voz contra abusos sistemáticos, y hoy redoblan la apuesta: invocan a Dios y a los responsables políticos para que se imponga la justicia por Gabriel González y se eviten más tragedias. Terminan confiando en la Virgen del Salvador para que bendiga con calma estos pagos castigados.
