Organizaciones campesinas, indígenas, ambientales, sindicales y de derechos humanos convocaron a una movilización para rechazar el paquete de reformas impulsado por el Gobierno nacional, con especial énfasis en la derogación de la Ley de Tierras y las modificaciones que, según denuncian, profundizan la concentración de la propiedad y favorecen la extranjerización del territorio.
La protesta se realizará frente al Congreso de la Nación y reunirá a representantes de distintos sectores que buscan frenar el avance de las reformas incluidas en el proyecto oficial. Aunque la derogación de la Ley de Tierras concentra buena parte de los cuestionamientos, las organizaciones sostienen que la iniciativa forma parte de un proceso más amplio de desregulación que también afecta áreas vinculadas al ambiente, la producción agropecuaria y los derechos de las comunidades rurales.
La Ley de Tierras, sancionada en 2011, establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras. Entre otras disposiciones, fijaba un tope del 15 por ciento para la titularidad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal, además de impedir que un mismo titular extranjero concentrara grandes extensiones en una misma zona. Con su derogación, esos límites dejan de estar vigentes.
Desde las organizaciones convocantes advierten que la eliminación de esas restricciones podría facilitar una mayor concentración de la tierra y afectar especialmente a pequeños productores, comunidades campesinas y pueblos originarios. También expresaron preocupación por el impacto que las reformas podrían tener sobre los bienes naturales estratégicos y la soberanía territorial.
La movilización también cuestionará otros aspectos del paquete impulsado por el Ejecutivo, entre ellos las modificaciones vinculadas a organismos estatales, políticas ambientales y regulaciones sobre recursos naturales. Según los organizadores, se trata de un conjunto de medidas que modifica de manera profunda el marco normativo vigente y que merece un debate parlamentario más amplio.
La convocatoria se inscribe en una serie de protestas que distintos sectores sociales vienen realizando frente a las políticas del Gobierno nacional. En esta oportunidad, el eje estará puesto en el acceso a la tierra, la protección de los recursos naturales y el rol del Estado en la regulación de un área considerada estratégica para el desarrollo del país.
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