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A raíz de los hechos ocurridos el pasado 28 de abril en el inmueble ubicado en Barzana 1236, se ha presentado un proyecto de resolución que busca arrojar luz sobre las irregularidades detectadas durante el operativo y la posterior gestión de las familias afectadas.
La iniciativa parlamentaria otorga un plazo de 30 días al Poder Ejecutivo para que brinde detalles precisos sobre las actuaciones de la Agencia Gubernamental de Control y otros organismos intervinientes.
Uno de los puntos centrales del pedido de informes radica en la línea temporal de los hechos. La justicia cuestiona por qué, si la disposición administrativa de desalojo por riesgo edilicio fue emitida el 29 de enero de 2026, el operativo se dilató tres meses hasta ejecutarse a fines de abril. Esta brecha temporal resulta crítica para los legisladores, quienes buscan determinar si durante ese lapso el Gobierno de la Ciudad tuvo conocimiento de la presencia de menores de edad en el lugar y si se realizaron relevamientos previos para garantizar su integridad.
El trasfondo del caso se agrava con la confirmación oficial de que en la finca funcionaba un taller clandestino donde presuntamente se explotaba a menores de edad. Ante esta situación, el cuerpo legislativo solicita información exhaustiva sobre las causas judiciales iniciadas, el número de personas imputadas y el juzgado interviniente. Asimismo, se requiere un inventario del material decomisado, específicamente sobre las máquinas de coser halladas, y un detalle del rol que desempeñó el personal policial durante el procedimiento.
La preocupación por la vulnerabilidad de la infancia es el eje que atraviesa la mayor parte del pliego. Se exige conocer con cuánta antelación fue notificado el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y si este participó en la planificación del operativo o si su intervención fue meramente reactiva. El informe deberá incluir la nómina del personal profesional presente, los protocolos de evaluación de riesgo aplicados y el destino final de los menores afectados.
Finalmente, el documento solicita precisiones sobre la situación social de las familias desalojadas. Esto incluye desde la composición por edades y nacionalidad de los menores, hasta su estado de salud, sus trayectorias educativas y si se han articulado medidas de protección o derivaciones a dispositivos de alojamiento. Con este pedido, se busca establecer si el Estado porteño cumplió con su deber de cuidado o si el desalojo se ejecutó sin una red de contención adecuada para las víctimas de explotación.
La comunidad educativa denuncia «criminalización de la pobreza» en el operativo de la calle Barzana
Mientras el discurso oficial justifica el desalojo del inmueble en Barzana 1236 bajo las figuras de «riesgo de derrumbe» y «explotación infantil», la comunidad de la Escuela 22 DE 14 ha salido a cruzar la versión gubernamental con un crudo testimonio. Para los docentes y la Asociación Cooperadora de la institución, el procedimiento no fue una medida de protección, sino un acto «ilegal y violento» que dejó en la calle a familias de sus propios estudiantes sin permitirles el acceso a una defensa legal efectiva.
Desde las aulas, la mirada sobre los habitantes del inmueble difiere drásticamente de la narrativa judicial. Los educadores sostienen que se trata de familias trabajadoras integradas plenamente a la vida escolar. De hecho, la acusación sobre la existencia de un taller textil clandestino fue calificada por los docentes como un intento de estigmatización: aseguran que las máquinas de coser señaladas por las autoridades son las mismas con las que las familias confeccionaron, de manera solidaria, los guardapolvos, los telones para actos escolares y las colchonetas de educación física que utiliza la escuela.
La contradicción más evidente del operativo, según señalan los testigos, se produjo al finalizar la jornada. A pesar de las graves acusaciones de explotación, las herramientas de trabajo fueron devueltas a sus dueñas, lo que para la comunidad educativa desmorona el argumento de la ilegalidad laboral. El caso se centraría en realidad en una vecina dedicada a los arreglos textiles cuya actividad principal era el sustento de sus hijos y la colaboración con la cooperadora escolar.
Para los referentes de la Escuela 22, el uso de denuncias por explotación infantil para ejecutar un desalojo administrativo —sin órdenes judiciales visibles al momento del inicio— representa un peligroso precedente. Denuncian que, bajo el pretexto de combatir el trabajo ilegal, se está ocultando una profunda crisis habitacional, transformando un problema de falta de vivienda en un proceso de criminalización contra los sectores más vulnerables de la comunidad escolar.
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