La Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) emitieron un comunicado conjunto para denunciar institucionalmente los graves hechos ocurridos frente al Congreso de la Nación. Durante la cobertura periodística de la manifestación, las fuerzas de seguridad desataron un operativo represivo que culminó con una trabajadora de prensa con lesiones severas, decenas de profesionales afectados por gases lacrimógenos y la detención de al menos ocho personas, entre las que se cuentan reporteros gráficos y comunicadores de medios alternativos.
La profesional agredida sufrió un severo traumatismo con fractura de cráneo y permanece internada bajo evaluación médica intensiva en el Hospital Argerich. Tras ingresar de urgencia con pérdida de conocimiento y sangrado en el oído, los estudios médicos confirmaron la gravedad del cuadro. Los gremios difundieron partes médicos oficiales resguardando la identidad de la fotorreportera a pedido explícito del profesional previo a su ingreso, así como de su entorno familiar y del equipo médico.
Ante esta situación, ARGRA y SiPreBA exigieron de manera urgente el cese inmediato de la represión a la protesta social y al trabajo periodístico, la liberación inmediata de los detenidos y el otorgamiento de garantías efectivas para el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa.
En el plano judicial y de la investigación, los sindicatos de prensa responsabilizan de manera directa al accionar de las fuerzas de seguridad, calificándolo como una «cacería». Testigos y crónicas de la jornada señalan que la fotógrafa recibió un fuerte impacto desde atrás mientras realizaba la cobertura del evento. Frente a ello, colegas de medios independientes y organizaciones de derechos humanos recopilan registros fílmicos y fotográficos para determinar con precisión qué tipo de proyectil originó la fractura, en una metodología de recolección de pruebas similar a la empleada tras la agresión al fotógrafo Pablo Grillo en 2025.
El operativo, que estuvo bajo la coordinación directa del Ministerio de Seguridad, se encuentra en el centro de los cuestionamientos políticos y judiciales debido al uso desmedido de agentes químicos, las agresiones focalizadas contra los trabajadores de prensa y las detenciones arbitrarias ejecutadas durante la jornada.
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