La Asociación Argentina de Juristas (AAJ), filial local de la Asociación Americana de Juristas –con estatus consultivo en el Consejo Económico y Social de la ONU–, lanzó un durísimo rechazo al asesinato de Gabriel González, obrero de la construcción y vecino de Villa Lugano, acribillado el 25 de diciembre por policías de la Ciudad durante un operativo en el barrio. Videos y relatos de testigos muestran al trabajador caído bajo disparos mientras otros agentes lo reducían a golpes, en un forcejeo donde intentaba resguardar a su hijo menor. Su pareja, herida de bala en el mismo suceso, yace internada en el Hospital Grierson, bajo detención y sin contacto con el exterior, imputada por “resistencia a la autoridad”.
Para la AAJ, este episodio grita “gatillo fácil” por todos lados: un despliegue brutal de fuerza letal, innecesario y desmedido, que choca de frente con el Estado de Derecho. “La policía no tiene potestad para ejecutar ni sentenciar vidas; su rol es proteger, no liquidar”, advierten en un comunicado que cita la Constitución Nacional y pactos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Estos textos, con rango constitucional, obligan al Estado a custodiar la vida, investigar fallos propios y reparar daños causados por sus efectivos.
Los juristas desmenuzan el caso bajo los Principios Básicos de la ONU sobre fuerza y armas: cualquier balazo debe ser el último recurso, inevitable para salvar una existencia en peligro real. “Acá no hay nada de eso; es un abuso flagrante de poder estatal, convertido en crimen arbitrario”, remarcan. La autopsia ya confirmó perdigones de escopeta en tórax y abdomen, pero la AAJ va más allá: ve un patrón sistémico de violencia institucional que azota barrios pobres como Villa Lugano, Villa 20 incluida, donde los vulnerables pagan el pato de operativos descontrolados.
No se queda en lo puntual. La entidad apunta dedos a la cúpula política: discursos de mano dura del Gobierno nacional y porteño –llenos de estigma y miedo– avivan estas prácticas, erosionando la fe en las instituciones. “Alientan la estigmatización de sectores populares, transformando patrullas en cacerías”, acusan, exigiendo juicio político a los responsables y protocolos estrictos con legalidad, necesidad y proporcionalidad como pilares. Recordemos casos similares en 2025: de Luis Acosta en La Matanza a Rafael Nahuel en Bariloche, el hilo conductor es el mismo: balas en fiestas y cotidianidades humildes.
Desde Villa Lugano, familiares y organizaciones vecinales suman voces al reclamo, mientras la Oficina de Transparencia porteña perita cámaras y armas. La AAJ pide intervención federal y reparación integral para la familia de González, convertido en símbolo de un mal endémico. En un país que clama por derechos humanos, ¿cuántos Gabriel más para que el gatillo se frene? La Justicia, ahora, tiene la palabra.
