La respuesta a la marcha universitaria muestra a un Gobierno decidido a incumplir la ley

La respuesta a la marcha universitaria muestra a un Gobierno decidido a incumplir la ley

Las universidades públicas realizaron una multitudinaria movilización para exigir que el Gobierno nacional cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada y ratificada por el Congreso pero actualmente judicializada por el gobierno nacional. La protesta –con epicentro en Plaza de Mayo– reunió a rectores, docentes, estudiantes, sindicatos y autoridades académicas de todo el país.

Durante el acto central, los manifestantes reclamaron a la Corte Suprema que falle a favor de la demanda presentada para garantizar la aplicación efectiva de la norma.

En respuesta, el Gobierno negó tener deudas impagas con las universidades y calificó la movilización como una “marcha política opositora”. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, sostuvo que la cantidad de asistentes “no importa” y confirmó que continuarán las restricciones presupuestarias.

Por su parte, las universidades difundieron un documento titulado “203 días sin aplicar la Ley”, leído ante una multitud estimada en un millón y medio de personas . Allí denunciaron un “desprecio institucional sin precedentes” y acusaron al Gobierno de incumplir sus obligaciones de financiamiento. También defendieron el papel histórico de las universidades públicas y del sistema científico estatal como pilares fundamentales para garantizar educación superior de calidad, formación profesional y desarrollo social y económico.

La Universidad de Buenos Aires aclaró además que el reclamo no responde a intereses partidarios, sino a la defensa de la educación pública y del sistema universitario nacional. El acto incluyó la entonación del himno nacional y discursos de dirigentes sindicales, decanos y docentes, en un clima de unidad y fuerte respaldo al sistema universitario.

Mientras tanto, la Corte Suprema dejó la causa en condiciones de ser resuelta, lo que mantiene la expectativa sobre una posible definición judicial del conflicto.

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