Se trata de una iniciativa de los diputados porteños del bloque Republicanos Unidos Roberto García Moritán y Marina Kienast quienes presentaron un proyecto para que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cobre por los servicios de salud y de educación que les presta a personas que no tienen domicilio en la Ciudad Autónoma.
Entre los fundamentos de la iniciativa planteada por los legisladores se destaca del proyecto ingresó a la Legislatura porteña bajo el nombre de “Reciprocidad sanitaria y educativa interjurisdiccional”, en su primer artículo la creación en la Capital de un Sistema de Reciprocidad Interjurisdiccional, para que actúe entre la Ciudad y las provincias, y que abarque a los sistemas de salud y de educación públicos.
La Propuesta de los republicamos establece que “los establecimientos del sistema de salud pública de la Ciudad deberán notificarle al Ministerio de Salud, o al órgano que este designe, cuando una persona argentina con domicilio real fuera de la jurisdicción de la Ciudad sea atendido en el establecimiento, detallando la consulta, internación o tratamiento médico, y el costo que conlleva según el nomenclador de prestaciones”.
👩🏼💻 Presentamos un proyecto de ley para crear un Sistema de Reciprocidad Interjurisdiccional entre la Ciudad de Buenos Aires y las Provincias, que abarca al sistema de Salud Pública y de Educación Pública. pic.twitter.com/LSEEyfDIII
— Marina Kienast (@kienast_marina) June 27, 2022
Además se explica que “Mensualmente se remitirán los gastos a la administración de la provincia correspondiente para cobrar el reintegro por los servicios prestados” y Se notificarían esas deudas a cada jurisdicción.
La coautora Kienast expresó “Los servicios públicos no son gratuitos, los financia el Estado a través de los impuestos que cobra. Por eso nos parece injusto que los contribuyentes de una jurisdicción sostengan ese servicio para que sea utilizado por ciudadanos de otras”.
Los padres y tutores que tengan hijos o niños tutelados domiciliados fuera de la Ciudad, y que los inscriban en el sistema de educación pública capitalino, tendrían que registrarse primero en una página web, con la que la administración porteña evaluaría la disponibilidad de los colegios y la localización geográfica de los solicitantes.
“Adjudicadas las vacantes, se remitirá a la administración de la provincia correspondiente el listado de vacantes adjudicadas, para cobrar el reintegro por los servicios prestados, mensualmente”, expresa el proyecto.
