La “Coordinadora contra los desalojos y por la vivienda digna ” convocó a una “marcha de escobas” para el viernes 19 de junio a las 17 con punto de encuentro en Callao y Corrientes, en el límite de Balvanera y Monserrat, hasta el Edificio del Plata (Carlos Pellegrini 251, a metros del Obelisco), en el marco de una protesta contra la política habitacional y la situación de emergencia en materia de vivienda.
Según el comunicado difundido por la agrupación, la marcha es “en repudio a la ola de desalojos que se sufre en la Ciudad y la emergencia habitacional que afecta a cientos de miles de habitantes”.
“Ambos gobiernos (Nación y Ciudad) buscan acelerar los procesos de desalojo. Macri a través de la guardia de auxilio, por falsos riesgos de derrumbe. Y Milei, buscando aprobar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada (léase: de violación del derecho a la vivienda). Mientras, en la ciudad hay 12.000 personas en situación de calle —entre ellas más de 1.300 niños en edad escolar y cientos de adultos mayores. En CABA, desde que asumió Macri hubieron alrededor de 30 personas en situación de calle fallecidas. De esto hablamos cuando hablamos de emergencia”, agregan.
En relación con el nombre de la movilización, los organizadores hacen referencia histórica a la denominada “huelga de las escobas” de 1907, un conflicto de inquilinos en conventillos que protestaban por aumentos de alquileres y malas condiciones de vivienda. Según el comunicado, aquella experiencia es tomada como inspiración para la protesta actual.
Postura del Gobierno porteño
Frente a las críticas por los desalojos y la gestión del espacio público, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sostiene que su política se basa en “asegurar el orden público y el respeto por la propiedad privada”, considerados ejes centrales de la gestión en materia de seguridad urbana.
En un comunicado oficial difundido el 8 de mayo, la administración porteña informó que en casi dos años y medio de gestión se recuperaron más de 800 propiedades que, según indicaron, estaban usurpadas y fueron restituidas a sus legítimos dueños. En ese mismo período, se realizaron operativos para desalojar a manteros en distintas zonas comerciales y se llevaron adelante acciones para limitar cortes de calles y piquetes.
El Gobierno porteño enmarca estas medidas dentro de un “plan de seguridad” orientado a garantizar la circulación y el uso del espacio público, y sostiene que las acciones contribuyeron a mejorar la actividad comercial en zonas afectadas por la venta ilegal. En ese sentido, afirma que los operativos en barrios como Flores, Once, Constitución y otros permitieron “ordenar” el espacio urbano y reducir la competencia informal, con impacto positivo en las ventas de los comercios establecidos.
El jefe de Gobierno, Jorge Macri, ha defendido públicamente estas políticas al señalar que “la propiedad privada se respeta y la ley se cumple”, y que la gestión no busca “naturalizar el desorden” ni permitir situaciones que afecten la libre circulación o el funcionamiento de la Ciudad.
La administración porteña también sostiene que el retiro de ocupaciones y la recuperación de inmuebles forman parte de una estrategia más amplia de ordenamiento urbano, junto con operativos contra piquetes y otras medidas vinculadas al control del espacio público.
Informe de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público de la Defensa
En paralelo, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y el Ministerio Público de la Defensa elaboraron un informe conjunto en el que expresan preocupación por la “forma, escala y velocidad” de la política de desalojos y desocupaciones en la Ciudad.
Según el relevamiento, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 se registraron 621 desalojos que afectaron a 1.135 familias y 4.482 personas, entre ellas 1.409 niñas, niños y adolescentes. El documento advierte además una tendencia de aceleración del fenómeno, con proyecciones que podrían ubicar a 2026 como el año con mayor cantidad de casos del período analizado.
Uno de los puntos centrales del informe señala un cambio en la naturaleza de los procedimientos: mientras en 2024 la mayoría de los desalojos eran de origen judicial, en 2026 más de la mitad fueron de carácter administrativo, impulsados por el propio Gobierno porteño, principalmente a través de clausuras dispuestas por la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias.
Las Defensorías advierten que este desplazamiento hacia mecanismos administrativos implica una reducción de controles institucionales y un impacto directo sobre el debido proceso. También remarcan que la ejecución de estas medidas suele carecer de un protocolo único y de registros consolidados sobre las personas afectadas.
El informe agrega que las respuestas habitacionales se limitan principalmente al acceso a Centros de Inclusión Social o subsidios habitacionales, dispositivos que —según el análisis— no contemplan adecuadamente la trayectoria previa de las familias desalojadas ni garantizan seguimiento posterior.
Finalmente, el documento alerta sobre el impacto de estas políticas en grupos especialmente vulnerables, como niñas, niños y adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad y personas con enfermedades crónicas, y advierte que la escala de los desalojos contribuye a incrementar la presión sobre el sistema de asistencia habitacional de la Ciudad.
J.C.
Foto: GCBA
