Un informe del Ministerio Público de la Defensa (MPD) porteño confirmó que durante 2025 se registraron 2670 casos de violencia institucional en la Ciudad de Buenos Aires, en un escenario que el propio organismo define como de niveles elevados y sostenidos en el tiempo. En paralelo, la Legislatura avanzó en la puesta en funcionamiento de una comisión especial para abordar la problemática, lo que ubica la discusión en el plano institucional en medio de una tendencia creciente.
El relevamiento elaborado por la Secretaría Letrada contra la Violencia Institucional muestra un aumento marcado en los últimos años: en 2024 se habían contabilizado 2529 casos, mientras que en 2023 y 2022 las cifras rondaban los 1600, lo que implica un salto de más de mil casos en apenas dos años. Dentro de ese total, la violencia física aparece como la modalidad predominante (presente en el 75% de los hechos), generalmente combinada con otras formas como amenazas, hostigamientos, detenciones arbitrarias y condiciones inadecuadas de detención, lo que da cuenta de un patrón de intervención más amplio que excede los episodios aislados.
El informe también identifica concentraciones territoriales claras: la Comuna 1, que reúne los barrios de Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Monserrat y Constitución, reúne cerca del 30% de los casos, con las comisarías 1B y 1C encabezando los registros. En particular, se destaca el crecimiento de los hechos vinculados a la comisaría 1B (cuya jurisdicción incluye la zona del Congreso), en relación con operativos y detenciones en el marco de manifestaciones. En ese mismo sentido, más de la mitad de los casos (57,1%) aparecen asociados a causas por atentado, resistencia o desobediencia a la autoridad, lo que señala un uso recurrente de estas figuras en intervenciones policiales. El perfil de las víctimas muestra una fuerte concentración en varones (79 %), con una edad promedio de 34 años, y una presencia significativa de personas migrantes (principalmente de Perú, Paraguay y Bolivia).
En este contexto, el martes se constituyó en la Legislatura porteña la Comisión Especial de Seguimiento y Prevención de la Violencia Institucional, presidida por el legislador Alejandro “Pitu” Salvatierra (Fuerza por Buenos Aires), con la vicepresidencia a cargo de Gimena Villafruela (Vamos Por Más) y la dirección en manos de Cecilia Barros. Entre los ejes planteados se encuentran el análisis del accionar de las fuerzas de seguridad (particularmente en operativos contra vendedores ambulantes, recicladores, comerciantes de barrios populares y manifestantes), la discusión sobre las condiciones de detención en comisarías y alcaidías (con foco en situaciones de hacinamiento) y el impulso de políticas de reinserción social orientadas a reducir la reincidencia, tomando como referencia experiencias que muestran tasas significativamente más bajas cuando hay acceso a trabajo y educación.
La creación de la comisión se da así en un escenario en el que los datos oficiales no solo evidencian la persistencia de la violencia institucional, sino también su expansión reciente, lo que refuerza la necesidad de mecanismos de seguimiento y control en un área atravesada por conflictos recurrentes.
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