La legisladora porteña Berenice Iañez (Unión por la Patria) presentó un pedido de informes sobre los “desalojos administrativos llevados adelante por el GCBA a través de sus instituciones”.
En ese contexto, desde UP piden saber “cuántas propiedades adquiridas por herencia vacante posee actualmente el GCBA”, “qué cantidad y en qué comuna se ubican las propiedades del GCBA adquiridas por herencia vacante desde el inicio del año 2021 hasta la actualidad”, “cuántas de éstas propiedades se encuentran ocupadas por personas físicas actualmente”, entre otros puntos.
La defensa del pedido de informes habla sobre la crisis habitacional en suelo porteño “En ese sentido, en el año 2024 hubo al menos 1194 desalojos civiles en la Ciudad de Buenos Aires lo que deja una muestra más de la problemática de acceso a la vivienda que existe en la ciudad de Buenos Aires. Adicionalmente, las políticas habitacionales como antes he mencionado, se tornan insuficientes para aquellas personas que no tienen un techo o que inclusive, terminan siendo desalojadas. En ese marco, es necesario conocer el detalle de la cantidad de desalojos administrativos efectuados en los últimos años, las áreas involucradas en su ejecución, las condiciones habitacionales de las familias afectadas y las políticas de atención implementadas, con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda y evitar situaciones de calle”.
“Además, existe también la problemática de desalojos administrativos que recae sobre inmuebles de propiedad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires producto de herencias vacantes que en muchas ocasiones se realizan sin instancias efectivas de diálogo y consenso, ni tampoco con soluciones habitacionales previas, lo que constituye que dicha problemática urgente requiera ser relevada con atención y transparencia”, se agrega.
“Los desalojos forzosos sin garantías mínimas pueden constituir una forma de violencia institucional. Por ello, resulta imprescindible contar con información precisa sobre el accionar estatal en estos procesos, para garantizar que las políticas públicas en torno a los bienes del Estado no se ejecuten en detrimento del derecho a la vivienda digna de las personas que los habitan. Es por ello que consideramos imprescindible contar con esa información”, concluye el pedido de informes.
Juan Castro
