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Un documento conjunto elaborado por el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires (MPD CABA) y la Defensoría del Pueblo porteña encendió las alarmas sobre la política habitacional del Gobierno de la Ciudad. Tras una serie de pedidos de informes al Poder Ejecutivo, ambos organismos analizaron la forma, escala y velocidad con que el Ejecutivo local impulsa los procesos de desocupación de inmuebles, destacando un fuerte impacto sobre los sectores de mayor vulnerabilidad y la ausencia de políticas sociales específicas para contener a las personas damnificadas.
El diagnóstico detalla un cambio profundo en la intervención estatal, tanto cuantitativa como cualitativamente, entre 2024 y marzo de 2026. En términos numéricos, durante este período fueron desalojadas un total de 4.482 personas en el territorio porteño, entre las cuales se contabilizan 1.409 niños, niñas y adolescentes. Las estadísticas demuestran que el año 2025 registró un incremento del 26% en comparación con el año anterior, y los especialistas advierten que, de mantenerse la tendencia detectada durante los primeros meses del corriente año, el 2026 cerrará con la mayor cantidad de desalojos de todo el período analizado.
La dimensión cualitativa del informe revela un marcado incremento de los desalojos administrativos —aquellos ejecutados directamente por el Gobierno de la Ciudad en inmuebles de dominio público, fundamentados principalmente en clausuras totales por riesgo de derrumbe— en detrimento de los de origen judicial, donde la administración porteña actúa meramente como auxiliar de la Justicia. La evolución de las modalidades expone un giro drástico: mientras que en 2024 el 98% de los procedimientos se realizaba por orden de un juez, en los primeros dos meses de 2026 los desalojos administrativos treparon al 58% del total, superando por primera vez a la vía judicial. Asimismo, se constató que las desocupaciones administrativas motivadas por órdenes de clausura representaron el 52% de los casos.
Esta modalidad de desalojos masivos se encuentra focalizada geográficamente en las Comunas 1, 3 y 4, afectando de manera directa a la población de menores ingresos que reside en inquilinatos, conventillos, pensiones y hoteles familiares. Desde el plano legal, el informe recuerda que la desocupación administrativa y la clausura por riesgo de derrumbe se sustentan en el artículo 12 del Decreto N° 1510/97 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Dicha normativa constituye una excepción al principio general de tutela judicial previa, por lo cual solo una urgencia impuesta por un riesgo estructural inminente e inaplazable justifica que el Estado actúe de forma directa sin esperar el dictamen de un órgano judicial.
Bajo este marco normativo, la validez de cualquier clausura con desalojo exige la existencia de un informe técnico fehaciente que acredite un peligro concreto y actual, explicitando las razones y el órgano certificante. Además, se establece que las medidas adoptadas deben ser proporcionales a la finalidad perseguida, lo que excluye las evacuaciones totales en aquellos casos donde el riesgo estructural pueda neutralizarse mediante soluciones menos gravosas, tales como el apuntalamiento o la clausura parcial del inmueble. En este sentido, los organismos públicos llamaron la atención sobre el hecho de que, durante 2026, la Jefatura de Gabinete de la Ciudad fue la encargada de instar las inspecciones en el 33% de los desalojos por riesgo de derrumbe, un mecanismo que, según señalaron, por definición debería responder exclusivamente a una situación de emergencia técnica objetiva y no a impulsos políticos.
Al panorama de las desocupaciones se suma la deficiencia y falta de adecuación de los programas de contención social destinados a las familias desplazadas. De acuerdo con la investigación, el Gobierno de la Ciudad ofrece a las personas desalojadas las mismas alternativas habitacionales que se aplican para quienes están en situación de calle —consideradas ya de por sí insuficientes—, limitándose al ingreso a los Centros de Inclusión Social (CIS) o la incorporación al Programa de Apoyo a Personas en Situación de Vulnerabilidad Habitacional. Si bien el 80% de las familias damnificadas logró acceder al menos a una cuota del subsidio económico, las fallas estructurales y la rigidez de dicho programa ponen en riesgo la permanencia de los beneficiarios dentro del sistema de asistencia.
Los defensores señalan que la improvisación estatal se evidencia en dos ausencias clave: la falta de un protocolo único, integral y normativamente aprobado que regule con claridad cómo deben llevarse a cabo los desalojos, y la inexistencia de una instancia gubernamental que centralice y coordine de manera eficiente las acciones de las distintas áreas intervinientes.
Ante esta situación crítica, el Ministerio Público de la Defensa y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad instaron formalmente al Ejecutivo porteño a tomar medidas urgentes. En primer lugar, solicitaron la convocatoria inmediata a un espacio de trabajo y articulación interinstitucional que permita unificar, sistematizar y monitorear de forma transparente los procesos de desalojo. En segunda instancia, demandaron la confección de un protocolo integral que fije parámetros uniformes para los procedimientos en la vía pública, asegurando la estricta protección de los derechos humanos y resguardando la integridad de los grupos más vulnerables afectados por la emergencia habitacional.
Informe completo sobre desalojos y desocupaciones en CABA
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