Los resultados de la Encuesta Nacional Inquilina de diciembre 2025 revelan un escenario crítico para quienes buscan techo en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Tras la desregulación impuesta por el DNU 70/2023, la vivienda dejó de ser una previsibilidad para convertirse en una fuente de endeudamiento y fragilidad social. El dato más contundente indica que el 57% de los hogares inquilinos debe destinar hoy más de la mitad de sus ingresos mensuales exclusivamente al pago de la renta, un salto alarmante frente al 38% registrado apenas un año atrás.
Esta asfixia financiera ha pulverizado la capacidad de ahorro, dejando a apenas un 14% de los encuestados con saldo a favor a fin de mes. En su lugar, el endeudamiento se ha vuelto estructural: casi 7 de cada 10 inquilinos mantienen deudas, principalmente concentradas en tarjetas de crédito, compra de alimentos y el propio pago del alquiler. La precariedad llega al punto de que un 60% de las familias se vio obligada a recortar gastos en comida y un 52% debió resignar atención médica para no perder su hogar.
La nueva dinámica del mercado, libre de las protecciones de la anterior Ley de Alquileres, ha impuesto contratos más breves y ajustes más agresivos. Mientras que en 2024 predominaban los acuerdos a tres años, hoy ganan terreno los contratos de dos años o menos, con actualizaciones que en su mayoría ocurren cada tres o cuatro meses bajo el índice de inflación (IPC). Esta inestabilidad se traduce en mudanzas constantes; el 70% de los hogares cambió de domicilio al menos una vez en el último lustro, muchas veces forzados por la imposibilidad de afrontar las nuevas condiciones de renovación.
El impacto social de este modelo muestra su cara más dura en los sectores más vulnerables. Tres de cada cuatro jubilados que alquilan destinan más del 50% de sus haberes a la vivienda, lo que obliga a muchos mayores de 60 años a permanecer en el mercado laboral para subsistir. Asimismo, la presencia de niños sigue operando como una barrera de exclusión en un mercado donde persisten cobros de comisiones indebidas y una ausencia casi total de políticas públicas que equilibren la balanza entre propietarios e inquilinos.
La encuesta inquilina 2025 fue realizada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), CONICET CEUR, la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios (IDAES-UNSAM), el Instituto de Geografía Romualdo Ardissone, y contó con el apoyo del Contested Territories.
Puntos Clave del Relevamiento (diciembre 2025)
Asfixia Económica: El 25% de los inquilinos destina entre el 60% y el 100% de sus ingresos al pago del alquiler.
Endeudamiento Estructural: Casi 7 de cada 10 inquilinos (68%) tienen deudas. Las fuentes de deuda son tarjetas de crédito (92%), alimentos (82%) y el propio alquiler.
Contratos e Inestabilidad: Predominan los contratos de dos años (64%). El 65% sufre aumentos cuatrimestrales o trimestrales y el 60% se ajusta por IPC.
Impacto en la Calidad de Vida: El 60% recortó gastos en comida y el 52% resignó gastos médicos.
Desalojos y Mudanzas: 1 de cada 6 hogares ha sufrido desalojos por no poder afrontar el costo, y el 22% se mudó por problemas financieros.
Precarización: 15% de desocupación entre encuestados y casi la mitad necesita más de un empleo.
Los resultados indican que la desregulación del mercado ha profundizado la inestabilidad habitacional, haciendo el acceso a la vivienda digna cada vez más inaccesible.
