La Policía Federal detuvo en San Martín al oficial primero Gastón Miño, de la Policía de la Ciudad, acusado de matar a tiros a Juan Gabriel González en la Villa 20 de Villa Lugano. El uniformado, pasado a disponibilidad por la Comisaría Vecinal 8A, quedó a órdenes del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 20, a cargo de la jueza Laura Bruniard, por homicidio agravado. Una segunda agente, Vanesa Valentini, también bajo escrutinio por disparar seis veces, integra la pesquisa.
El hecho ocurrió el 25 de diciembre pasado, Nochebuena marcada por tragedia. Una llamada al 911 alertó sobre vecinos lanzando piedras a una casa en Araujo y Chilavert. Llegó la Unidad Táctica de Pacificación y personal de la 8A. Videos virales muestran a Miño aproximándose a González –de 45 años– y efectuando disparos a quemarropa al pecho. La autopsia confirmó la muerte por heridas balísticas en tórax y abdomen, con hemorragia masiva interna y externa.
González, ajeno al pleito inicial, intervino al creer que los policías iban por su hijo. Las cámaras captan la discusión y el ataque letal. “Pensó defender a su pibe y terminó baleado como en un ajusticiamiento”, relatan testigos del barrio. Miño, oculto en San Martín, fue localizado por allanamiento de la DDI local. Tras su demora en Homicidios, lo entregaron a la Federal para traslado a la alcaidía de Cavia o Madariaga.
La Policía de la Ciudad emitió un comunicado reconociendo el exceso: “Si un agente viola la norma, asume las consecuencias”. Sin embargo, la indignación crece en Villa Lugano, donde el “gatillo fácil” revive fantasmas. La Asociación Argentina de Juristas (AAJ) calificó el suceso como “violación flagrante a los derechos humanos”, exigiendo justicia pronta y reformas en protocolos policiales.
El caso sacude al oeste porteño, epicentro de tensiones entre fuerzas de seguridad y asentamientos. En 2025, CABA registró múltiples denuncias por abusos letales; este Nochebuena agrava el debate sobre uso de arma en barrios vulnerables. Familiares de González claman: “Era un laburante, no un delincuente”. Organizaciones como el CELS y vecinos autoconvocados planean marchas hacia la Comisaría 8A.
La jueza Bruniard ordenó peritajes balísticos y análisis de bodycams. Valentini, compañera de Miño, enfrenta cargos similares por sus seis balazos. Mientras, la Villa 20 –con todos sus habitantes– exige garantías: patrullajes sin plomo.
Este homicidio reaviva reclamos por desmilitarización policial y capacitación en derechos humanos. La causa, con ribetes de ejecución extrajudicial, promete ser emblema en tribunales.
