Un operativo de desalojo realizado en el barrio de La Paternal volvió a poner en el centro del debate la política habitacional en la Ciudad de Buenos Aires. La intervención, llevada adelante por el Gobierno porteño con participación de la Policía de la Ciudad, derivó en el retiro de más de un centenar de personas que ocupaban desde hace años un predio ubicado en la intersección de las calles San Blas y Andrés Lamas.
El procedimiento se desarrolló con un importante despliegue de seguridad y en un contexto de tensión entre las autoridades y quienes residían en el lugar. Durante la jornada se registraron incidentes y al menos tres personas fueron detenidas por resistencia a la autoridad, mientras que otros ocupantes permanecieron en las inmediaciones manifestando su rechazo.
De acuerdo con la versión oficial, el conflicto se remonta a fines de la década del noventa, cuando la propietaria del inmueble denunció la ocupación del terreno tras haberlo dejado al cuidado de un tercero. A partir de allí se inició un extenso proceso judicial que culminó con una orden de desalojo firme en 2009, que no se había ejecutado hasta ahora. Desde la administración porteña también señalaron que el predio presentaba condiciones estructurales deficientes y que existían antecedentes judiciales vinculados a algunos de sus ocupantes.
El jefe de Gobierno, Jorge Macri, defendió la medida al enmarcarla en una política de recuperación de inmuebles ocupados, con el objetivo —según sostuvo— de garantizar el respeto por la propiedad privada y preservar el orden público. En ese sentido, fuentes oficiales indicaron que en los últimos meses se avanzó en la restitución de numerosas propiedades en situaciones similares.
Sin embargo, desde el bloque legislativo Fuerza por Buenos Aires expresaron un fuerte rechazo al operativo. A través de un comunicado, calificaron el procedimiento como “forzoso y sin alternativa habitacional previa” y señalaron que afectó a más de 30 familias, muchas de ellas con niños y personas en situación de vulnerabilidad. Según denunciaron, el ingreso al predio se habría realizado sin la exhibición de una orden judicial y bajo amenazas de uso de la fuerza pública.
Los legisladores también cuestionaron el accionar de las fuerzas de seguridad durante el desalojo, al que definieron como “intimidatorio”, y aseguraron que se habrían utilizado gases lacrimógenos en el interior de las viviendas. En esa línea, advirtieron sobre la falta de políticas públicas que aborden el acceso a la vivienda y reclamaron medidas urgentes para garantizar el realojamiento de las familias afectadas.
El legislador Juan “Pitu” Salvatierra se sumó a las críticas y apuntó contra la ausencia de soluciones habitacionales sostenidas. Según sostuvo, muchas de las personas desalojadas acceden de manera transitoria a hoteles o paradores financiados por el Estado, pero luego quedan nuevamente en situación de vulnerabilidad. Además, cuestionó la legalidad de este tipo de operativos, al señalar que —desde su perspectiva— no cuentan con las garantías institucionales necesarias ni con la intervención de organismos como la Defensoría de la Niñez o el Ministerio Público de la Defensa.
El dirigente también puso en duda los argumentos oficiales vinculados al riesgo estructural del inmueble y consideró que este tipo de procedimientos responden a intereses ligados al desarrollo inmobiliario. “No se realizan las obras necesarias luego de los desalojos, lo que evidencia que el peligro no es tal como se plantea”, afirmó.
El episodio reaviva la discusión sobre el equilibrio entre el derecho a la propiedad y el acceso a una vivienda digna en la Ciudad. Mientras el Gobierno porteño sostiene su política de recuperación de predios, sectores de la oposición reclaman un enfoque integral que contemple alternativas concretas para las familias afectadas. La situación en La Paternal, lejos de resolverse, expone una problemática estructural que continúa generando controversia en el ámbito político y social.
