Quince años después del desalojo armado que dejó dos muertos y cinco heridos en el Parque Indoamericano de Villa Soldati, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional dispuso reabrir la investigación sobre la actuación de la Policía Federal y la ex Policía Metropolitana. El fallo, reciente y contundente, critica las demoras crónicas en el expediente y exige peritajes audiovisuales por el CONICET junto con testimonios pendientes para esclarecer responsabilidades individuales en la represión del 7 de diciembre de 2010.
Aquel día, cientos de familias sin techo habían ocupado el parque porteño en demanda de soluciones habitacionales urgentes. La jueza Cristina Nazar autorizó el desalojo, que movilizó a efectivos federales y metropolitanos en un operativo que escaló a violencia letal. Rosemary Chura Puña, de 24 años, y Bernardo Salgueiro, de 27, cayeron abatidos por balas de plomo cuando ya habían dejado el predio, según denuncias de sobrevivientes. Otras cinco personas sufrieron impactos similares, en un saldo que conmocionó a la Ciudad y desató protestas masivas contra la brutalidad estatal.
La pesquisa inicial apuntó a la cúpula policial: tres jefes federales destituidos por la ministra Nilda Garré, los mandos de la Metropolitana y 24 agentes rasos. En 2018, la jueza Mónica Berdión de Crudo sobreseyó a la mayoría, procesando solo al oficial Ricardo Picart por homicidio y lesiones. La Cámara revocó eso en mayo, ordenando avanzar con pruebas clave como análisis de videos para identificar tiradores. Sin embargo, el caso se estancó por lentitud en pericias –meses para informes, años para declaraciones–, culminando en un nuevo sobreseimiento el 28 de mayo de 2025.
La resolución actual de la Cámara señala “deficiencias graves” en la instrucción: peritajes audiovisuales inconclusos y testimonios esenciales ignorados. Ahora, delega en el CONICET el examen técnico de grabaciones para reconstruir la secuencia y rol de cada imputado, mientras urge declaraciones de testigos oculares. Este impulso judicial revive el debate sobre impunidad en operativos de desalojos en villas porteñas, donde la fuerza pública priorizó la velocidad sobre la vida humana.
Villa Soldati, recuerda aquel episodio como un quiebre en la política de vivienda. Organizaciones sociales y familiares de las víctimas celebraron la reapertura, exigiendo juicio oral y condenas ejemplares. En 2025, con tensiones por asentamientos en parques como Avellaneda y Lugano, el fallo podría sentar precedente para fiscalizaciones estrictas en futuros desalojos, alineadas con protocolos de derechos humanos.
