La Justicia porteña ordenó la suspensión de las obras que la Secretaría de Deportes está llevando a cabo en el polideportivo de Liniers. En el marco de una medida precautelar, intimó al Gobierno de la Ciudad a informar sobre el impacto ambiental que está generando en el predio y las diversas irregularidades que se registran en el marco del emprendimiento que desarrolla una empresa privada en un espacio de uso público. En pocos días más, se podría resolver la cautelar definitiva que le pondría fin al intento de privatización de un sector del predio.
En la tarde de ayer, el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario N° 22, a cargo de la Dra. María Rosa Cilurzo, dictó una medida precautelar por la que suspende la ejecución del convenio de “permiso de uso precario y oneroso” celebrado el 1° de diciembre pasado entre la Dirección General de Concesiones y Permisos, la Secretaría de Deportes porteña y la empresa Trixma s.r.l. La medida implica la inmediata paralización de las obras de construcción de cinco canchas de pádel en el polideportivo Santojanni, hasta tanto el Gobierno de la Ciudad informe sobre las diversas irregularidades registradas en el predio de Patrón y Murguiondo, del barrio de Liniers.
Con esta disposición, la Justicia le pone un freno al intento de avance de un negocio privado sobre un polideportivo municipal de uso público. La medida no sólo impide el avance de las obras, sino que además intima al Gobierno porteño a rendir cuentas sobre las diversas irregularidades que el colectivo vecinal viene denunciando desde que comenzaron a construirse las canchas y que motivaron la presentación del amparo.
Entre los argumentos que la llevaron a dictar la medida precautelar, la jueza Cilurzo exige saber si el predio de Liniers está catalogado como “Área de Urbanización Parque (UP) o Área de Protección Histórica” y, por lo tanto, si la construcción de las canchas de pádel resulta ser “conforme” o “no conforme” a lo que dicta el Código Urbanístico. Además, obliga al Gobierno porteño a informar si existe algún informe de impacto ambiental sobre la “incidencia de la eventual disminución del arbolado y/o del piso absorbente” ante la pérdida notoria de espacios verdes.
Así, el Gobierno de la Ciudad tiene cinco días hábiles para presentar los informes pertinentes; caso contrario, la medida podría derivar en la cautelar definitiva. En cualquier caso, la Justicia reconoce que el convenio podría ser “no conforme” a la ley y que existe un riesgo ambiental concreto para el barrio y sus vecinos.
“Creemos que la Justicia actuó con mucho sentido común”, expresó al respecto el juntista local Juan José Chaves, que integra el colectivo vecinal que gestó el amparo. “Desde diciembre pasado cuando empezó la obra -continuó- vimos la reacción de los usuarios y los vecinos por este nuevo intento de privatización del Polideportivo y es realmente conmovedor ver el sentido de pertenencia y la defensa que realizaron para frenar este negociado. Se organizaron semaforazos, abrazos al poli, festivales, fueron a todos los medios, hicieron volanteadas y por supuesto se organizaron para presentar este recurso de amparo que hoy les está dando la razón”. Para Chaves “el error que cometió el Gobierno porteño fue avanzar a espaldas de los vecinos, porque si esto hubiera pasado por el Consejo Consultivo y por la Junta Comunal, seguramente la obra no hubiese prosperado”.
¿Pádel para todos?
Desde que el 22 de diciembre del año pasado un camión cementero y un grupo de operarios ingresaron al polideportivo Santojanni sin previo aviso e iniciaron la construcción del contrapiso de cinco canchas de pádel que ocupan 1.650 metros cuadrados sobre la esquina sudoeste del predio, en Murguiondo y Acassuso -al fondo de la pileta y detrás de las dos canchas de tenis- gran parte de los vecinos de Liniers se encuentran en estado de alerta y movilización permanente. Desde entonces, vienen desarrollando diversas movidas de difusión y protesta para alertar a la comunidad local y lograr que el Gobierno porteño revea y anule la concesión, ante un nuevo embate oficial para lograr la privatización del predio, tal como se intentó hacer por decreto hace diez años.
Para la instalación de las cinco canchas (cuatro de dobles y una de singles) en el polideportivo de Liniers se realizó un contrapiso cementado de 1.200 metros cuadrados sobre superficie verde, con un costo estimado en 100 mil dólares. Cada cancha de dobles ocupa 200 metros cuadrados y la de single 140. El permiso, otorgado por la Dirección General de Concesiones y Permisos a partir de la solicitud del secretario de Deportes, Fabián Turnes, rige desde el 1° de diciembre pasado y -de no mediar ninguna medida revocatoria- vence el 30 de noviembre de 2030. Lejos de tener acceso libre y gratuito -como en el resto de las disciplinas que se ofrecen en el polideportivo- durante la vigencia del convenio la empresa se encontraría habilitada para cobrar un alquiler a quienes quieran utilizar las canchas.
Sin embargo, a partir del constante accionar de los vecinos -tanto en ámbitos judiciales como administrativos, además del despliegue permanente en el ámbito barrial- la obra permanece detenida desde el 12 de enero pasado. Más aún, a comienzos de febrero la Agencia Gubernamental de Control (AGC) porteña clausuró temporalmente la obra que lleva adelante la empresa Trixma, al corroborar diversas anomalías -entre ellas, la falta de permiso- que oportunamente fueron denunciadas por los vecinos. Desde entonces no se han registrado avances en la construcción de las canchas de las que sólo se observa el contrapiso realizado sobre lo que hasta entonces fuera superficie verde.
Como se sabe, el predio del actual polideportivo Santojanni fue donado en el año 1929 por Francisco Santojanni, inmigrante italiano de quien lleva el nombre el hospital lindero y el espacio recreativo en cuestión, con una condición clara: que el terreno fuera destinado exclusivamente al uso público, en beneficio de la comunidad. La voluntad del donante quedó expresamente establecida al indicar que la Municipalidad debía destinar el terreno para parque de uso público, conocido como parque Santojanni, garantizando de esa forma su carácter abierto, gratuito y comunitario.
En ese marco, se presentó un amparo ambiental por el que los vecinos solicitan la anulación de la concesión. Por estas horas, fuentes de la Secretaría de Deportes porteña coincidían en señalar que el Gobierno de la Ciudad daría marcha atrás con la iniciativa. “No queremos tener problemas con los polideportivos y no tiene sentido avanzar en algo que estuvo mal encarado desde un principio”, expresaron. No obstante, a la fecha, la cesión sigue en pie y el reclamo de los vecinos está más vigente que nunca.
Ricardo Daniel Nicolini
