Mientras la Ciudad de Buenos Aires continúa ampliando su sistema de videovigilancia y ya supera las 18.000 cámaras distribuidas en el espacio público, la desigualdad en la cobertura entre los distintos barrios porteños sigue siendo motivo de reclamo. De acuerdo con los datos oficiales más recientes, Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo, que integran la Comuna 8, continúan siendo el sector con menor densidad de dispositivos de monitoreo, una situación que vecinos y organizaciones barriales vienen señalando desde hace años.
El sistema de cámaras de seguridad porteño es considerado uno de los más extensos del país y forma parte de la estrategia de prevención del delito implementada por el Gobierno de la Ciudad. Sin embargo, el crecimiento de la red no ha tenido el mismo impacto en todos los barrios, generando diferencias que hoy resultan visibles al comparar la cobertura existente entre el norte y el sur del distrito.
Las zonas con mayor presencia de cámaras continúan siendo Retiro, Recoleta, Palermo y el Microcentro, donde la vigilancia alcanza prácticamente todas las arterias principales. En algunos sectores, la distancia entre un dispositivo y otro es de apenas 80 metros, mientras que en corredores estratégicos como la avenida 9 de Julio la cobertura es casi continua, con cámaras instaladas aproximadamente cada 50 metros entre las avenidas Independencia y Corrientes.
Otro de los corredores con fuerte presencia tecnológica es la avenida Rivadavia, donde entre Once y Flores funcionan más de 140 cámaras destinadas al monitoreo permanente del tránsito vehicular y peatonal. También durante el primer semestre de 2026 fueron incorporados 28 nuevos puntos de vigilancia en distintos accesos a la avenida General Paz, con el objetivo de fortalecer el control de los ingresos y egresos de la Ciudad.
La realidad es diferente en el sur porteño. Aunque desde 2023 comenzó un proceso de expansión de la red hacia las comunas con menor cobertura, los barrios de Villa Soldati, Villa Lugano y parte de Flores Sur siguen ubicándose por debajo del promedio en cantidad de dispositivos instalados. Para muchos vecinos, esta diferencia resulta difícil de explicar, especialmente en zonas donde los reclamos por hechos de inseguridad son frecuentes y donde el crecimiento demográfico incrementó la circulación de personas y vehículos durante los últimos años.
El funcionamiento del sistema de videovigilancia se coordina desde el Centro Integral de Monitoreo Urbano, ubicado en el barrio de Barracas. Allí trabajan más de 400 operadores distribuidos en turnos rotativos durante las 24 horas del día, con capacidad para supervisar de manera simultánea cientos de imágenes provenientes de cámaras fijas, domos móviles y otros dispositivos distribuidos en distintos puntos de la Ciudad.
La red no solo cumple funciones vinculadas con la prevención del delito. También permite asistir en operativos de tránsito, emergencias médicas, incendios, manifestaciones públicas y otras situaciones que requieren una rápida coordinación entre las distintas áreas del Estado.
Desde el Gobierno porteño reconocen que todavía existen sectores donde la cobertura resulta insuficiente y anunciaron que antes de finalizar 2026 se incorporarán otras 2.500 cámaras, con prioridad para las comunas 8, 9 y 4, precisamente las que presentan menores niveles de monitoreo respecto del resto de la Ciudad.
El plan de expansión también contempla la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas. Entre ellas figura la utilización de sistemas de reconocimiento facial en puntos específicos, aunque las autoridades aclararon que su funcionamiento estará sujeto a protocolos estrictos y que cada consulta deberá contar con la correspondiente autorización judicial, en línea con la normativa vigente en materia de protección de datos personales.
Especialistas en seguridad sostienen que el desafío actual no pasa únicamente por incrementar la cantidad de cámaras. Señalan que la eficacia del sistema depende, además, de la capacitación permanente de los operadores y de la capacidad para integrar rápidamente la información obtenida con otras bases de datos oficiales, como las correspondientes a organismos nacionales, registros automotores o fuerzas federales de seguridad. Cuando ese intercambio funciona de manera eficiente, aseguran, la identificación de sospechosos y el esclarecimiento de hechos delictivos pueden acelerarse significativamente.
No obstante, también recuerdan que la videovigilancia constituye una herramienta complementaria dentro de una política integral de seguridad y que, por sí sola, no garantiza una reducción del delito. La presencia policial, la iluminación urbana, la recuperación del espacio público y la participación vecinal continúan siendo factores determinantes para mejorar las condiciones de seguridad en cada barrio.
Mientras avanza la ampliación de la red, los habitantes de la Comuna 8 esperan que las obras anunciadas permitan reducir una brecha histórica respecto de otros sectores de la Ciudad. La expectativa es que la incorporación de nuevos dispositivos contribuya no solo a fortalecer la prevención, sino también a brindar una respuesta a un reclamo que desde hace años forma parte de la agenda cotidiana de quienes viven en el sur porteño.
