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La comunidad de la Escuela 22 DE 14 alza la voz contra la violencia institucional y desmiente las versiones oficiales sobre las familias de sus estudiantes.
Mientras Jorge Macri compartía información incorrecta en la red X, quienes estuvieron presentes pudieron ver lo que realmente sucedió. Un tuit no puede ocultar la realidad.
Este es el testimonio de una vecina y el rechazo de la escuela a donde asisten los chicos: “Acompañamos a las familias durante todo el operativo hasta que se ubicó el último mueble del «taller clandestino». Fueron ocho familias, incluyendo quince menores entre niñas, niños y adolescentes, todos escolarizados. Vimos llegar al grupo mayor desde la escuela, pero los más pequeños no pudieron salir para asistir; en su lugar, vinieron las maestras y maestros de la Escuela 22, la misma a la que concurren. El desalojo fue de una casa cuyo propietario murió, pero las familias han pagado alquiler y servicios durante veinte años. La acción se realizó sin orden judicial, bajo el supuesto riesgo de derrumbe.
La administración actual permite que el dueño de la fábrica responsable de un incendio siga trabajando como si nada hubiera ocurrido, mientras los vecinos afectados permanecen sin solución. En conclusión, parece que buscan ese terreno para negocios inmobiliarios. La presencia de las maestras y de los padres de los compañeros de escuela es la mayor prueba de que no se obligaba a trabajar a los menores. Lo que escribo proviene de mi propia experiencia, porque estuve allí”.
El silencio habitual de la zona de Parque Chas y Agronomía se vio fracturado a principios de semana por un despliegue de fuerza que la comunidad educativa de la Escuela 22 DE 14 califica, sin ambages, de ilegal y violento. Lo que para el discurso oficial fue un procedimiento por «peligro de derrumbe», para los docentes y la Asociación Cooperadora fue un atropello que dejó en la calle a familias de sus propios estudiantes, ejecutado sin órdenes judiciales visibles y bloqueando el acceso a la defensa legal en el momento de mayor vulnerabilidad.
Desde las aulas, la perspectiva es diametralmente opuesta a la narrativa gubernamental. Mientras las autoridades intentan justificar el operativo mediante denuncias de supuesta explotación infantil y la existencia de talleres clandestinos, quienes conviven a diario con los niños y niñas conocen una realidad muy distinta.
Los docentes aseguran que estas son familias trabajadoras, cuyo único «delito» es el esfuerzo cotidiano por sostener la escolaridad y el bienestar de sus hijos en una ciudad que les da la espalda. «Conocemos sus manos, conocemos su trabajo.
Esas máquinas de coser que hoy intentan señalar como evidencia de una actividad clandestina son las mismas con las que se confeccionaron los guardapolvos de nuestros chicos, los telones de nuestros actos y las colchonetas de educación física». La contradicción oficial quedó expuesta al finalizar el desalojo: las mismas herramientas de trabajo que se pretendían criminalizar fueron devueltas a sus dueñas, desmoronando la versión de la ilegalidad laboral.
Se trata de una mujer que se gana la vida con arreglos textiles, una vecina solidaria cuya intención siempre fue ayudar a la escuela de sus hijos. La criminalización de la pobreza parece ser, según la comunidad educativa, el recurso utilizado para ocultar una crisis habitacional galopante. Este episodio no es un hecho aislado.
En la ciudad más rica del país, donde los alquileres se vuelven inaccesibles y la vivienda se transforma en un negocio inmobiliario antes que en un derecho, la Comuna 14 ya ha sido testigo de otros desalojos marcados por la brutalidad. La educación y el aprendizaje no pueden ocurrir en el vacío; requieren de condiciones de vida dignas que el Estado, con este tipo de intervenciones, no hace más que obstaculizar.
“Hoy, los maestros y maestras de la Escuela ‘Agronomía’ se declaran en estado de alerta. No es solo un comunicado de repudio; es un compromiso de permanencia al lado de sus estudiantes. En un contexto donde el atropello parece ser la norma, la escuela se planta como el último refugio de la dignidad, defendiendo el derecho a la educación que comienza, necesariamente, por el derecho a tener un techo donde dormir”, denunciaron los docentes de la Escuela 22 DE 14 y la Asociación Cooperadora «Agronomía».
«Esto es lo que protegen los defensores de okupas. Una casa usurpada por 15 años y adentro 17 menores explotados por extranjeros en un taller textil clandestino. Rescatamos a los chicos y el inmigrante ilegal será expulsado del país. Ley y orden», señaló del jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri sobre la recuperación de un inmueble “usurpado” de calle Barzana.
El comunicado del Gobierno porteño informó que la Ciudad cerró un taller clandestino en una casa usurpada hace 15 años donde según dice, “había menores trabajando y un inmigrante ilegal fue detenido”
La Ciudad habló de una propiedad usurpada donde funcionaba un taller textil clandestino en un PH de Barzana 1236, en el límite entre Parque Chas y Agronomía. El procedimiento fue ordenado por la Unidad de Flagrancia Norte a cargo de la fiscal María Andrea Caleri, ya que el lugar tenía una clausura por riesgo edilicio de la Agencia Gubernamental de Control (AGC). La crónica dice que “los oficiales debieron ingresar por la fuerza, ya que los okupas, algunos de ellos de nacionalidad boliviana, se negaban a abrirles. En la planta baja habían montado un taller textil clandestino y en la terraza construyeron viviendas precarias sin permiso de obra”.
Foto: GCBA
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