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La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) presentó recientemente un exhaustivo informe titulado «Ley de financiamiento universitario: Los límites democráticos y de derechos al argumento fiscal». El documento analiza la profunda crisis que atraviesa el sistema de educación superior en Argentina y cuestiona la postura del Poder Ejecutivo, que se niega a aplicar la ley bajo la premisa de una supuesta falta de recursos económicos.
Aunque la Ley de Financiamiento Universitario fue finalmente promulgada tras un proceso de insistencia legislativa frente al veto presidencial de octubre de 2025, su ejecución efectiva permanece suspendida. El Ejecutivo alega que no existe una previsión de recursos para afrontar el costo fiscal, estimado entre 2,5 y 3,6 billones de pesos. Ante esta parálisis, el conflicto se ha trasladado al terreno judicial, donde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) logró obtener una medida cautelar contra el Gobierno, cuya aplicación se encuentra actualmente en suspenso.
El informe de ACIJ introduce una perspectiva jurídica y ética fundamental: cuando se trata de derechos básicos como la educación, el Estado no puede invocar la escasez presupuestaria si esa misma situación fue provocada por decisiones políticas previas. En este sentido, la organización señala que la modificación del impuesto sobre los Bienes Personales en 2024, promovida por el propio Ejecutivo, implicó una merma recaudatoria de aproximadamente 5 billones de pesos en dos años. Esta cifra, que representa el 0,2% del PIB anual, supera holgadamente el costo necesario para cumplir con la ley universitaria.
Las estadísticas revelan una situación de una magnitud excepcional desde el retorno de la democracia. Entre 2023 y 2025, el gasto real en educación superior cayó un 29%, alcanzando su nivel más bajo desde 2006. En términos per cápita, el financiamiento por estudiante se sitúa hoy en 2,4 millones de pesos, el valor más bajo registrado desde 2004. Esta desinversión se refleja también en el deterioro de los ingresos docentes: para marzo de 2026, el salario de un profesor asistente con dedicación semiexclusiva ya se encontraba un 25% por debajo del nivel que percibía tres años atrás.
La investigación concluye que el equilibrio de las cuentas públicas no puede utilizarse como un obstáculo insalvable para garantizar el derecho a la educación, especialmente cuando el Estado ha optado por resignar ingresos tributarios de sectores de mayores recursos. El futuro del sistema universitario argentino depende ahora de la resolución de este conflicto judicial y de la voluntad política para revertir una caída presupuestaria que amenaza con retrotraer a las universidades a niveles de financiamiento de hace dos décadas.
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