Con intención de frenar el crecimiento descontrolado del Barrio 31, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanza con el “Plan Integral de Ordenamiento Urbano” y sigue clausurando construcciones sin permiso.
La Agencia Gubernamental de Control (AGC) fue la encargada de clausurarlas y colocarles carteles con el número de acta. Acompañaron, entre otras áreas, personal de la Policía de la Ciudad.
El propio jefe de Gobierno, Jorge Macri, se expresó sobre el tema sin tapujos: “Queremos que haya reglas que se cumplan, con más seguridad y mejores condiciones de vida. La ciudad es una sola y eso implica los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones para todos. Por si a alguno no le quedó claro, está prohibido construir en la Villa 31. No vamos a permitir que esto siga creciendo. Ley y orden”.
El Plan Integral de Ordenamiento Urbano, explican desde prensa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, “destinado a recuperar el espacio público, fortalecer la capacidad de control del Estado, combatir las actividades ilegales y restablecer las condiciones de orden urbano en la Villa 31”. Cuando hablan de Villa 31 se trata de lo que hasta hace poco pasó a llamarse Barrio 31, y es un predio que consta de unas 72 hectáreas en la zona de Retiro y en donde viven alrededor de 45 mil personas.
En esta última excursión labraron actas de infracción en propiedades “linderas a la Autopista Illia y en otras cercanas a la parroquia Cristo Obrero y al Paseo del Bajo, en las calles Vicuña 1176, 1198, 1278, 1294, 1298; Castillo y Chejolan 1757; Perette 692; y Chejolan 1824 y 1753/1751”.
Del operativo participaron además de los funcionarios de la AGC mencionados más arriba también personal de la Dirección General de Fiscalización y la Subsecretaría de Abordaje Territorial y Obras. Y como dijimos antes también personal de la Policía de la Ciudad.
Desde que la gestión de Jorge Macri inició este plan, en la Villa 31, explican “se demolieron diez edificaciones clandestinas, se intervinieron diez construcciones ilegales y se clausuraron cinco corralones clandestinos”.
A su vez cuentan que en los diferentes operativos de saturación se cerraron cinco locales de venta de celulares de procedencia ilegal, tres metaleras y tres depósitos de garrafas. Además, se removieron y compactaron 35 autos abandonados y se retiró chatarra por el equivalente a 40 camiones además de carros tipo food truck.
La actual gestión sostiene que la urbanización de la Villa 31, tal como estuvo diseñada en 2016, “no pudo evitar un crecimiento urbano sin control ni logró propiciar un ordenamiento territorial, que eran los objetivos de la Ley 6.129”. Esa sería la razón por la que el actual Gobierno de la Ciudad “decidió avanzar con medidas para regularizar la situación”.
Desde las autoridades indican que “La fiscalización de las construcciones, el desalojo de unidades y terrenos usurpados y el refuerzo de la seguridad en la zona, entre otras medidas, son parte del plan para fortalecer la integración y garantizar que la ciudad sea una sola: con las mismas obligaciones, los mismos derechos y las mismas reglas para todos, vivan donde vivan los vecinos”.
Explican a su vez que en “la Villa 31 se consolidaron además circuitos de especulación vinculados a la venta informal de inmuebles, la comercialización de espacios aéreos, los alquileres irregulares y la ocupación de terrenos, generando un mercado paralelo que funciona al margen de toda regulación”.
