Copropietarios pertenecientes al Consorcio del Mercado San Cristóbal (Av. Independencia y Av. Entre Ríos) presentaron un escrito ante la Legislatura porteña para manifestar un “formal, unánime y enérgico rechazo a los Proyectos de Ley de Expropiación registrados bajo los Expedientes Nº 694 y 695″. La presentación representa a más de noventa familias que ejercen el comercio en el establecimiento fundado en 1882. El documento ingresó este jueves como Expediente 2102-P-2026.
Semanas atrás, la Legislatura porteña aprobó una Ley que autoriza al Poder Ejecutivo a contraer una deuda de hasta 1.350 millones de dólares. Sigue en tratamiento el proyecto de Ley que modifica la normativa vigene sobre la traza de la Línea F y contempla las expropiaciones.
El motivo central del conflicto radica en el diseño técnico de la futura Línea F de subterráneos. De acuerdo con la actualización de la documentación licitatoria de Subterráneos de Buenos Aires (SBA), la traza prevé que la Estación Chile emplace su acceso principal dentro del propio edificio del mercado, utilizando el sistema “Caverna” con un vestíbulo de múltiples niveles.
Los pliegos oficiales señalan la necesidad de intervenir la estructura e indican que “dada la necesidad de una segunda salida de evacuación, se propone la misma sobre la vereda Oeste de Entre Ríos, o en una propiedad a expropiar que pudiera servir para este propósito”.
Exigencia de audiencia pública y denuncias
Frente a la afectación del inmueble, el consorcio solicitó de forma “expresa, perentoria e improrrogable” que se convoque al procedimiento constitucional de Audiencia Pública y doble lectura antes de cualquier dictamen de comisión. Los propietarios argumentan que avanzar sin esta instancia viciará el proceso parlamentario de nulidad absoluta. Asimismo, el documento impugna la declaración de utilidad pública por considerarla arbitraria y añade una denuncia por “gravedad institucional y desviación de poder”.
Los firmantes aseguran que vienen sufriendo una campaña de hostigamiento delictivo, robos y amenazas desde el año 2020 —hechos denunciados ante el Ministerio Público Fiscal bajo la causa MPF 536931— con el presunto objetivo de quebrar su resistencia patrimonial antes del inicio del proceso expropiatorio.
J.C.
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