La Fiscalía retira el pedido para que Cristina Kirchner cumpla prisión en cárcel común, pero insiste en mudar su domicilio de detención, en lo que se ha convertido en casi un obsesión para los fiscales.
En un giro inesperado, la Fiscalía retiró minutos antes de una audiencia clave el pedido para que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner cumpla la condena de seis años de prisión por la causa Vialidad en una cárcel común. Sin embargo, continúa vigente la solicitud para modificar el domicilio donde actualmente cumple la prisión domiciliaria.
La decisión sorprendió a los operadores judiciales y se conoció poco antes de que comenzara la audiencia en la que se iba a debatir la situación de la detención de la ex mandataria. Fuentes judiciales indicaron que el retiro del pedido no implica un cambio en la postura de los fiscales, quienes mantienen firme su insistencia en que la ex presidenta debe cumplir la condena en un establecimiento penitenciario y no en su domicilio.
Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, tras una investigación que reveló el direccionamiento irregular de obras públicas a un empresario vinculado a su entorno. La Corte Suprema ratificó la condena y dejó firme la imposibilidad de que la ex presidenta participe en las próximas elecciones legislativas.
Desde que se dictó la condena, Kirchner cumple prisión domiciliaria, medida que ha generado debates y revisiones judiciales. La Fiscalía, encabezada por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, ha insistido en varias oportunidades en que la ex mandataria debe ser trasladada a una cárcel común, argumentando la necesidad de igualdad ante la ley y la gravedad del delito.
No obstante, la defensa de Kirchner ha presentado múltiples recursos para mantener la prisión domiciliaria, alegando razones de salud y edad. En este contexto, la Justicia se encuentra evaluando la posibilidad de cambiar el domicilio de la detención, una solicitud que sigue en pie y será analizada en próximas instancias.
Este episodio refleja la complejidad y la tensión política y judicial que rodea el caso Vialidad, uno de los procesos más emblemáticos y polémicos de la justicia argentina en los últimos años. Mientras tanto, la ex presidenta continúa bajo arresto domiciliario, y el debate sobre su situación procesal sigue abierto.
La audiencia que se suspendió por el retiro del pedido fiscal fue reprogramada para continuar el análisis sobre el domicilio de la detención, con la expectativa de que se definan medidas concretas en los próximos días. La Fiscalía mantiene su postura firme, aunque por ahora optó por no avanzar con la solicitud de traslado a prisión común, en un contexto de alta sensibilidad política y mediática.
