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La reforma del régimen extiende el tiempo para la primera inspección a cinco años del patentamiento y amplía la vigencia del trámite para unidades de hasta una década de antigüedad. Asimismo, la normativa descentraliza el servicio al habilitar a talleres mecánicos, concesionarias e importadores autorizados, manteniendo el esquema de gratuidad para jubilados, pensionados y personas con discapacidad.
El sistema de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) implementará una serie de modificaciones estructurales en su normativa con el propósito de simplificar el trámite administrativo, ampliar la oferta de prestadores en el distrito y brindar mayores opciones operativas a los conductores. La reforma busca agilizar el acceso al control obligatorio y reducir los tiempos de espera de los usuarios, sin alterar el objetivo central del régimen, que radica en certificar de manera fehaciente que el parque automotor circule en condiciones óptimas de seguridad para contribuir activamente a la prevención de siniestros viales en la vía pública.
Dentro de las transformaciones principales, el nuevo esquema modifica los plazos de vigencia temporal de los controles obligatorios. A partir de la entrada en vigor de la medida, la primera verificación técnica de un vehículo cero kilómetro pasará a realizarse de forma obligatoria a los cinco años de su patentamiento original, extendiendo el límite de cuatro años que regía de manera previa. Asimismo, una vez superada esa primera instancia, la oblea de verificación mantendrá una vigencia extendida de dos años hasta que la unidad cumpla la década de antigüedad. Este cambio representa un beneficio directo para los propietarios, dado que la normativa anterior reducía el plazo de validez a un solo año a partir del octavo aniversario del rodado.
Otro eje central de la reforma radica en la descentralización de los puntos de inspección, rompiendo el monopolio de las sedes tradicionales. Las revisiones mecánicas ya no se ejecutarán únicamente en las plantas verificadoras oficiales administradas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; desde ahora, el servicio podrá ser brindado de forma complementaria por talleres mecánicos independientes, concesionarios oficiales de marcas automotrices e importadores autorizados que reúnan y acrediten las condiciones edilicias y normativas correspondientes. Para quedar formalmente facultados, estos nuevos prestadores privados deberán completar su inscripción obligatoria en el Registro Único de Talleres habilitados, quedando sujetos a auditorías y controles técnicos periódicos por parte del Estado para garantizar que todas las inspecciones se desarrollen bajo estándares uniformes de seguridad, transparencia y calidad.
En lo que respecta al cuadro tarifario y los aspectos de asistencia social, las autoridades ratificaron la plena vigencia de las exenciones de pago para los sectores más vulnerables de la población porteña. El beneficio de la gratuidad del trámite continuará amparando a los jubilados, pensionados y personas mayores de 65 años cuyos ingresos mensuales regulares no superen el monto fijado para el haber mínimo jubilatorio, siempre y cuando el valor fiscal del automóvil no exceda el límite establecido para el pago del impuesto a la radicación de vehículos en la Ciudad. Del mismo modo, las personas con discapacidad que sean titulares de un automóvil estarán totalmente eximidas de abonar el canon del control, independientemente de si el rodado cuenta con adaptaciones técnicas especiales vinculadas a su condición o se trata de una unidad estándar. La normativa detalla que, en caso de que un beneficiario posea la titularidad de más de un vehículo, el beneficio del pase gratuito se aplicará de manera exclusiva sobre una sola unidad.
Más allá del carácter obligatorio de la norma, los equipos técnicos viales destacaron las ventajas individuales y colectivas que genera el correcto mantenimiento de la flota circulante. La inspección periódica permite a los propietarios detectar a tiempo fallas mecánicas invisibles a simple vista, disminuyendo de forma drástica las probabilidades de sufrir accidentes causados por fallas mecánicas y optimizando la fluidez del tránsito al evitar detenciones imprevistas en avenidas y autopistas por averías mecánicas. Adicionalmente, el diagnóstico temprano contribuye a abaratar los costos futuros de reparación para los conductores, permite regular y auditar los niveles de emisiones de gases contaminantes, provee al Estado datos estadísticos confiables sobre la realidad del parque automotor y aporta una garantía de transparencia y seguridad jurídica fundamental para el mercado de compra y venta de vehículos usados.
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