Una historia de solidaridad que derivó en pesadilla judicial sacude al complejo Estación Buenos Aires, en el barrio de Barracas de la comuna 4. Mariela, abrumada por la difícil situación de una colega laboral, cedió temporalmente su flamante departamento del Plan Procrear mediante un pacto oral, sin cobrar alquiler. El arreglo estipulaba que la inquilina informal cubriera expensas y servicios públicos, pero nada de eso se cumplió. El litigio escaló hasta los tribunales porteños, culminando con la recuperación de la vivienda a fines de noviembre.
El desalojo, supervisado por un oficial de justicia, dejó al descubierto un escenario de devastación. Paredes rasgadas y cubiertas de pintadas, ventanas rotas, electrodomésticos desaparecidos y acumulación de mugre por doquier. El abogado de Mariela, Diego Martín Proetti, compartió un video del desastre que explotó en redes sociales, generando indignación masiva bajo hashtags como #OkupasProcrear y #ParquePatriciosAlerta.
“Primero agotamos la vía de la mediación, pero ella se negó rotundamente”, relató Proetti a este medio. La ocupante inventó un supuesto contrato de locación y presentó recibos de expensas como prueba de pagos mensuales, una maniobra que el Juzgado Civil N°67 desestimó por falta de sustento. La sentencia a favor de Mariela se firmó en julio de 2025, pero demoras burocráticas pospusieron la entrega efectiva hasta el mes pasado.
El caso trasciende los daños físicos: el expediente judicial acumula quejas vecinales por escándalos nocturnos, patrulleros frecuentes y roces en pasillos del edificio. Mariela, meanwhile, abonó doble hipoteca y alquiler alternativo durante 24 meses, un golpe económico que aún resuena. “Perdí no solo mi casa, sino la confianza en ayudar sin papeles”, confesó la damnificada, visiblemente afectada.
Hoy, la propietaria calcula una fortuna en refacciones: mano de obra para empastes, pintura fresca, reemplazo de vidrios y una limpieza profunda. Aunque planean demandar por perjuicios, Proetti advierte que la ausencia de documento escrito entorpece la cobranza de deudas pendientes. “La Justicia devolvió la propiedad, pero el costo humano y financiero queda a cargo del dueño”, lamenta el letrado.
