El pasado 17 de abril, el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la Nación un proyecto de reforma de la ley 26.657 que implica una transformación profunda del sistema de atención en salud mental. Frente a ello, desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia analizan las principales modificaciones propuestas a la luz de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, las recomendaciones de organismos internacionales especializados y la evidencia científica disponible en el tema.
El informe muestra que el proyecto afecta pilares fundamentales de la ley vigente, desconociendo las razones fácticas y jurídicas que llevaron a su sanción en 2010.
Entre otras cuestiones, elimina la prohibición de crear nuevos hospitales psiquiátricos y vuelve a habilitar la internación en dichos espacios, apartándose del proceso de transformación que durante las últimas décadas procuró la sustitución progresiva del modelo manicomial por servicios de atención que promueven la inclusión social y evitan el aislamiento.
Además, el proyecto amplía las posibilidades de imponer internaciones involuntarias y otras intervenciones coercitivas. La reforma propuesta flexibiliza los criterios para restringir la libertad de las personas, e incorpora mecanismos que podrían obligarlas a permanecer internadas sin justificación clínica.
La Ley Nacional de Salud Mental posicionó a Argentina como uno de los países pioneros de la región en la incorporación de estándares de derechos humanos en este campo. Los importantes desafíos que persisten en nuestros sistemas de salud no son producto de la ley actual, sino consecuencia directa y evidente de su falta de implementación. En los 15 años de vigencia que lleva esta norma, no se crearon servicios comunitarios en cantidad ni calidad suficiente, no se adaptaron los hospitales generales y tampoco se destinó el presupuesto mínimo que ella impone para la atención de la salud mental. Una ley que no fue aplicada difícilmente pueda ser la causa de los problemas actuales que se observan en este ámbito.
Resulta indispensable que el Poder Legislativo analice el proyecto con la profundidad que la materia exige, respetando las obligaciones asumidas por nuestro país en el plano internacional y recurriendo a la evidencia científica disponible, y que no avance en su tratamiento sin establecer previamente un proceso de consulta con las personas con discapacidad psicosocial y sus organizaciones. El Congreso tiene en sus manos una decisión neurálgica para el bienestar de la población y, frente a eso, dos caminos. Pero solo uno de ellos respeta la dignidad humana.
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