A más de tres semanas del sorpresivo operativo de desalojo que dejó en la calle a decenas de personas en Alberti al 500, en el barrio de Balvanera, las familias afectadas continúan movilizadas. Lo que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires catalogó inicialmente como un desalojo preventivo por “peligro de derrumbe” y posteriormente fue defendido políticamente bajo premisas de seguridad, es denunciado por los vecinos como una maniobra ilegal de despojo y estigmatización.
El origen del conflicto: del “riesgo estructural” a las acusaciones oficiales
El pasado miércoles 10 de junio de 2026, un gran despliegue de la Policía de la Ciudad y personal de la Guardia de Auxilio irrumpió en el inmueble ubicado en Alberti 565/567/569/571. El argumento oficial fue una clausura administrativa preventiva debido a un supuesto “riesgo estructural” y peligro inminente de derrumbe.
Sin embargo, la tensión escaló rápidamente cuando el propio jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, respaldó públicamente el operativo en sus redes sociales con duras declaraciones:
“Desalojamos una guarida de delincuentes. Ningún porteño tiene por qué convivir con estos malvivientes. Ley y orden”, expresó el mandatario.
Por su parte, la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias (DGGAyE) ratificó la clausura aduciendo un deterioro generalizado del edificio (perfiles corroídos, deformaciones en pisos y bovedillas degradadas), intimando a los propietarios a presentar un plan de obras urgente.
El testimonio de las familias: “Es una campaña mentirosa y sucia”
En las puertas del edificio clausurado, los vecinos desmienten categóricamente la versión oficial. Aseguran ser propietarios e inquilinos legítimos con la documentación pertinente, y no “usurpadores” ni “delincuentes”.
“El día 11 de junio (sic) vinieron la gente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires… nos sacó diciendo que había un problema de derrumbe a las 7 familias que estábamos acá, nos obligaron a salir”, relató uno de los damnificados mostrando los papeles que acreditan su propiedad en un video divulgado por la Coordinadora Contra los Desalojos y la Vivienda Digna. “Nos obligaron a salir a la hora que sea, diciéndonos que tenían un lugar para que estuviéramos mientras tanto”.
Otra de las vecinas afectadas expresó el drama cotidiano que atraviesan tras haber quedado en la calle: “Estoy viviendo acá de los 18 años en esta casa y es injusto todo lo que hizo, diciendo de que la casa se está derrumbando. Eso es mentira, nos desalojaron a tantas familias”.
La falta de soluciones habitacionales reales obligó a los vecinos a costearse sus propios hospedajes de emergencia: “No elegimos esto, los que nos sacaron fueron ellos. Tuvimos que pagar el hotel de esos días nosotros”, agregó otra vecina, visiblemente afectada.
A este panorama se suma el testimonio de Estefanía Capato, arquitecta de parte de las familias desalojadas en Alberti 565, 567 y 569, quien cuestiona la veracidad técnica del peligro de derrumbe:
“Hoy es 3 de julio, así que el edificio no se derrumbó. Hay que avisarle a la Guardia de Auxilio de Emergencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiendo de Jorge Macri… que bueno, eso es una mentira”, sentenció Capato. Agregó además que personal de bomberos realizó múltiples inspecciones: “Esta sería la quinta inspección donde están intentando marcar con los dedos una supuesta falla estructural cuando no la hay, no hay nada malo con el edificio”.
“Están desorganizando la vida de gente trabajadora”
Desde la Coordinadora Contra los Desalojos, una de sus voceras alertó sobre el impacto social y humano que produce este tipo de medidas cautelares sin plan de contingencia:
“Estamos acá en la calle Alberti denunciando esta campaña mentirosa, sucia y cruel que viene llevando el Gobierno de la Ciudad. Las familias fueron no solamente despojadas de su vivienda de un momento para otro, sino que también están sufriendo la desorganización de su vida cotidiana: muchos la pérdida de su trabajo y la interrupción de sus tratamientos de salud”.
“Es importante que todas las personas propietarias de esta ciudad estén en alerta por esto que el Gobierno de la Ciudad viene llevando adelante con una campaña mentirosa. Lo único que están haciendo es desalojar a gente trabajadora”, concluyeron desde la organización.
Patrocinio legal y exigencia de reparación
Luciana Mina, una de las abogadas firmantes del equipo que patrocina legalmente a los damnificados, detalló que fueron expulsadas alrededor de 53 personas, entre ellas varios niños.
“Para todas ellas el Gobierno aún no dio una respuesta satisfactoria acorde a lo que dice la Constitución de la Ciudad y las leyes de la Ciudad de Buenos Aires, y las expulsó a todas ellas a quedar en riesgo de situación de calle”, denunció la letrada.
Mina fue tajante respecto a las declaraciones de Jorge Macri: “El jefe de Gobierno, cuando anuncia que evacúa y desaloja este inmueble, no dice que lo hace porque el inmueble podía caerse sobre las cabezas de los habitantes. Dice que acaba de expulsar a supuestos malvivientes, supuestos delincuentes. Eso no es más que una estigmatización, un prejuicio y una profundización de la discriminación en esta ciudad”.
La defensa de las familias argumenta que, si existiera un riesgo edilicio real, la Guardia de Auxilio debió proceder de manera muy distinta: “Lo que tendría que haber hecho es realizar un apuntalamiento con las mejoras necesarias para que ellos puedan seguir viviendo acá. Todo el daño que le han producido a las familias tiene que ser reparado”, concluyó la abogada.
J.C.
Foto: Revista El Abasto
