Con la llegada de las bajas temperaturas, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha una serie de operativos especiales destinados a asistir a personas en situación de calle y garantizar el acceso a derechos básicos durante el invierno.
Las recorridas se realizan en distintos barrios porteños y están a cargo de equipos interdisciplinarios que brindan orientación, acompañamiento y asesoramiento sobre el acceso a programas sociales, documentación, salud y dispositivos de alojamiento. Además, durante los operativos se distribuyen frazadas, ropa de abrigo y otros elementos de primera necesidad.
La iniciativa busca fortalecer la presencia territorial del organismo en un contexto en el que crece la demanda de asistencia. Según datos oficiales del Gobierno porteño, más de 4.000 personas utilizan diariamente la red de Centros de Inclusión Social. Sin embargo, organizaciones sociales y relevamientos independientes sostienen que la cantidad de personas que viven en la calle es considerablemente mayor y que el fenómeno se profundizó durante los últimos años.
Desde la Defensoría señalaron que uno de los principales objetivos de estos operativos es facilitar el acceso a políticas públicas y detectar situaciones de especial vulnerabilidad, como personas mayores, familias con niños, mujeres y personas con problemas de salud que requieren atención urgente.
La asistencia también incluye la recepción de denuncias por vulneración de derechos y el acompañamiento en trámites para acceder a prestaciones sociales o servicios públicos. En ese marco, el organismo recordó que cualquier vecino puede dar aviso sobre personas en situación de calle para que los equipos especializados intervengan y ofrezcan asistencia.
El incremento de personas que atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad volvió a instalar el debate sobre las políticas habitacionales y de inclusión social en la Ciudad. Mientras organismos públicos y organizaciones comunitarias refuerzan los dispositivos de emergencia durante el invierno, distintos sectores advierten sobre la necesidad de implementar respuestas estructurales que permitan garantizar el derecho a la vivienda y evitar que cada vez más personas queden expuestas a vivir a la intemperie.
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