Vecinos de Villa Lugano denunciaron una fuerte sensación de desprotección institucional en medio del conflicto por una obra cuestionada en el barrio. Mientras avanzaban las máquinas, se talaban árboles y se reclamaba por la falta de información oficial, una decisión tomada desde una defensoría pública encendió aún más la bronca de la comunidad.
Desde hace meses, organizaciones y residentes de Villa Lugano vienen advirtiendo sobre el impacto ambiental de una obra que, según señalan, se ejecuta sin estudios actualizados y sin una evaluación integral de sus consecuencias. Denuncian que el arbolado se redujo drásticamente y que nunca se les entregó de manera clara la información técnica sobre el proyecto, a pesar de los pedidos formales y las presentaciones ante la Justicia. En ese marco, el barrio eligió a un abogado de confianza para encarar acciones legales en defensa del ambiente y del cumplimiento de las normas vigentes.
Lejos de calmar los ánimos, el avance de las tareas sin respuestas convincentes por parte de las autoridades fue consolidando una creciente organización vecinal. Reuniones abiertas, asambleas y recorridas por la zona afectada se volvieron parte de la rutina, con el objetivo de registrar el deterioro del espacio verde y sumar testimonios para incorporar en el expediente judicial. La consigna, repetida en carteles y comunicados, fue clara: “No dividan Lugano”.
En ese contexto, vecinos y vecinas apuntaron contra la Defensoría Nº 5, a cargo de la doctora Giselle Furlong, por el rumbo que tomó su intervención. Según relatan, en lugar de orientar sus esfuerzos a reclamar peritajes ambientales completos, exigir información pública o pedir la suspensión precautoria de la obra, la dependencia presentó un escrito ante el juzgado centrado en cuestionar al abogado del barrio. El documento, siempre de acuerdo con la lectura vecinal, ponía bajo la lupa las presentaciones realizadas, insinuaba posibles irregularidades y sugería eventuales faltas éticas del letrado.
El malestar creció al comprobar que esa actuación se realizaba mientras las máquinas seguían funcionando y el arbolado continuaba siendo retirado. Para muchos habitantes de Lugano, la defensoría —que debería ser aliada en la defensa de derechos colectivos— terminó enfocándose en una disputa interna sobre la representación legal, dejando en segundo plano el debate de fondo: el impacto ambiental, la transparencia del proceso y la participación real de la comunidad en las decisiones sobre el territorio.
Frente a este escenario, la mayoría de las organizaciones barriales decidió cambiar de patrocinio y respaldar a un nuevo equipo jurídico alineado con las prioridades ambientales y comunitarias. El argumento fue contundente: se necesitaba una defensa que pusiera en el centro la protección del ambiente, el cumplimiento de la legislación y la voz de quienes viven todos los días las consecuencias de la obra. La sospecha de que se pretendía dividir o deslegitimar al movimiento vecinal terminó de sellar la ruptura.
Hoy, el reclamo continúa con el mismo eje: que se paralicen las intervenciones hasta contar con estudios serios e independientes, que se reponga el arbolado afectado y que se abra un proceso de diálogo real con la ciudadanía. En Lugano insisten en que no se trata sólo de una disputa técnica o legal, sino de la posibilidad de decidir sobre el presente y el futuro del barrio. Y remarcan que, ante cualquier conflicto de intereses, las instituciones deben estar del lado de la comunidad y no de quienes avanzan sin medir las consecuencias sobre el ambiente y la calidad de vida.
