En los últimos meses, el Hospital José T. Borda del barrio de Barracas se fue transformando, a los ojos de quienes lo habitan a diario, en un espacio más parecido a una comisaría o a una cárcel que a un hospital público especializado en salud mental. La presencia policial creció de manera sostenida, hasta volverse parte del paisaje cotidiano en uno de los neuropsiquiátricos más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires. Es justo recordar que durante muchos años la comunidad de Borda reclamo por mayo presencia policial, esta claro que esto no es lo que pedían.
Cualquier tarde de semana, la escena se repite: móviles policiales estacionados frente al Borda, efectivos apostados en los accesos y dentro del predio, policías circulando por pasillos, salas comunes y sectores que hasta hace poco eran exclusivos del personal sanitario. Trabajadores y pacientes describen un clima cada vez más tenso, con controles más rígidos y una atmósfera que muchos definen como opresiva, muy lejos de la lógica de un dispositivo de cuidado y tratamiento.
En paralelo al aumento de la seguridad, el hospital endureció las normas de ingreso y egreso de personas, tanto para pacientes como para familiares. Se incorporaron dos servicios de admisión adicionales –ahora son tres– específicamente destinados a recibir personas con causas penales, se recortaron las visitas de los sábados y se eliminaron las de los domingos, medidas que profundizaron la sensación de encierro y afectaron los vínculos de los internados con su entorno afectivo.
Trabajadores del Borda explican que, desde el desmantelamiento de las Unidades 20 y la salida del programa Prisma, muchas personas con padecimientos mentales y causas judiciales quedaron sin dispositivos específicos y comenzaron a ser derivadas al hospital. “Hace tiempo recibimos pacientes enviados por la Justicia como si el hospital fuera un ámbito carcelario; por eso el Borda se llenó de policías”, advirtió la secretaria de la Comisión Interna de ATE en el establecimiento, al señalar que la institución terminó funcionando como un lugar de depósito para personas judicializadas con custodia armada.
Según relatan los trabajadores, la Dirección del hospital no rechaza estos ingresos y existe un antecedente que explica ese posicionamiento: en una oportunidad, médicos de guardia se negaron a internar a una persona por no cumplir criterios clínicos y terminaron procesados por no acatar una orden judicial. Desde entonces, las internaciones se concretan igual, pero bajo estricta vigilancia policial, mientras que los intentos de obtener explicaciones oficiales por parte de las autoridades de salud mental porteñas no tuvieron respuesta, pese a reiterados pedidos de periodistas y organizaciones.
A la par del aumento de efectivos, los empleados denuncian que la policía comenzó a ocupar áreas de trabajo de enfermería y otros sectores del hospital, incluso utilizando oficinas y espacios comunes para reuniones informales y juegos nocturnos con música alta. Un episodio que encendió las alarmas fue cuando un trabajador de limpieza abrió la puerta de un baño y recibió insultos y una amenaza directa de un agente: “Mirá que te puedo dar un tiro”, relato que circula entre el personal como ejemplo del deterioro de la convivencia y del corrimiento de límites dentro de un dispositivo que debería priorizar el cuidado.
La situación del Borda resulta especialmente significativa cuando se cumplen 15 años de la Ley Nacional de Salud Mental, que planteó la necesidad de avanzar hacia la desmanicomialización y la sustitución progresiva de los hospitales monovalentes. Sin embargo, lejos de reconvertirse en un dispositivo comunitario, el Borda sigue siendo un gran neuropsiquiátrico y, según sus trabajadores, hoy se parece más a “una enorme comisaría” que a un hospital de salud mental, consolidándose como un espacio donde se concentran pacientes judicializados bajo permanente custodia policial
