La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la pena de prisión perpetua contra Fabián Andrés López, uno de los policías condenados por el asesinato de Lucas González, el joven futbolista baleado en noviembre de 2021 en el barrio porteño de Barracas. La resolución, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó un planteo técnico de la defensa y consolidó la sentencia dictada en las instancias anteriores.
La mañana del 17 de noviembre de 2021, Lucas salía del club Barracas Central junto a sus amigos Julián Alejandro Salas, Niven Huanca Garnica y Joaquín Zúñiga Gómez, cuando un Nissan Tiida sin identificación policial ni patente se les cruzó en el camino. En ese vehículo se movían el inspector Gabriel Alejandro Issasi, el oficial mayor Fabián Andrés López y el oficial Juan José Nieva, integrantes de una brigada de la Policía de la Ciudad que no llevaban uniforme ni se identificaron como agentes.
Los efectivos descendieron del auto con armas en la mano y apuntaron hacia el vehículo donde viajaban los jóvenes, que creyeron estar frente a un intento de robo y trataron de escapar de la escena. Fue entonces cuando los tres policías abrieron fuego: uno de los disparos impactó en la cabeza de Lucas, que murió al día siguiente en el hospital “El Cruce”, en Florencio Varela, a causa de la gravedad de las heridas.
Tras los tiros, la zona se llenó de móviles policiales y comenzó un operativo que se extendió hasta la noche, que terminó con la detención de los amigos que acompañaban a Lucas. En una primera comunicación a la Justicia, se informó que no se veía ninguna arma dentro del vehículo de las víctimas, pero más tarde apareció allí una pistola de utilería, hecho que alimentó las sospechas de montaje y encubrimiento.
Además de los tres tiradores, otros policías fueron investigados por su participación en la maniobra posterior al crimen, acusados de manipular pruebas, distorsionar la escena y construir una versión falsa para justificar la balacera. Esa línea de investigación derivó en cargos por encubrimiento y falsedad ideológica contra varios integrantes de la fuerza.
En julio de 2023, tras cuatro meses de audiencias, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 25 dio a conocer su veredicto y consideró a Issasi, Nieva y López coautores de “homicidio quíntuplemente agravado”. El tribunal entendió que el asesinato estuvo agravado por el uso de arma de fuego, la alevosía, el odio racial, el concurso premeditado de dos o más personas y el abuso de la función por tratarse de integrantes de una fuerza de seguridad.
Además, los jueces los hallaron culpables de la tentativa de homicidio, con las mismas agravantes, contra los tres amigos de Lucas que iban en el auto y lograron sobrevivir. También les atribuyeron “privación ilegítima de la libertad agravada” y “falsedad ideológica”, al tiempo que dictaron condenas para otros policías involucrados en el encubrimiento del hecho.
En abril de este año, la Cámara Nacional de Casación Penal confirmó la sentencia de primera instancia contra Issasi, Nieva y López, rechazando los cuestionamientos centrales de las defensas. A partir de allí, los abogados recurrieron al máximo tribunal mediante una queja, intentando revertir la decisión y cuestionando aspectos formales del proceso.
En el caso de López, la Corte Suprema analizó el planteo a la luz de la acordada 13/90, que fija requisitos estrictos para la presentación de los recursos extraordinarios. Al detectar falencias en la forma en que fue elaborado el escrito, el máximo tribunal desestimó el recurso y, como consecuencia, dejó firme la condena a prisión perpetua para el oficial mayor.
Con esta decisión, la causa por el crimen de Lucas González queda ratificada en su núcleo más duro y consolida el reconocimiento judicial de un caso de violencia institucional atravesado por discriminación y abuso de poder. La confirmación de la perpetua contra López, y las condenas ya validadas contra Issasi y Nieva, marcan un mensaje claro hacia las fuerzas de seguridad sobre los límites en el uso de la fuerza y las consecuencias penales de las prácticas de gatillo fácil y encubrimiento.
