El Gobierno nacional oficializó la adjudicación por 25 años de la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay a la empresa belga Jan De Nul, asociada con la firma argentina Servimagnus. La decisión consolida el control privado sobre la principal vía de salida del comercio exterior argentino, por donde circula cerca del 80% de las exportaciones del país, y reabre el debate sobre la soberanía logística, el impacto ambiental y el rol del Estado en una infraestructura estratégica.
La concesión no implica el desembarco de un nuevo operador. Jan De Nul administra la Hidrovía desde 1995, cuando obtuvo la concesión durante el gobierno de Carlos Menem, y desde entonces mantuvo el control de la vía navegable incluso tras el vencimiento del contrato original en 2021. Con la nueva adjudicación, extenderá esa presencia hasta, al menos 2051.
Jan De Nul es una multinacional especializada en el dragado y mantenimiento de vías navegables, actividad clave para mantener operativas las vías navegables utilizadas por el comercio internacional, servicio que desarrolla en distintos países. En esta oportunidad operará en sociedad con Servimagnus, una empresa argentina vinculada al sector logístico y portuario, con la que conformará la sociedad encargada de administrar la concesión durante los próximos 25 años.
La nueva concesión contempla tareas de dragado, balizamiento y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal, además de la profundización del canal hasta los 44 pies para permitir el ingreso de buques de mayor porte. Según el Gobierno, las obras serán financiadas mediante el cobro de peajes a las embarcaciones y permitirán reducir costos para el complejo agroexportador, uno de los principales beneficiarios de la medida.
La decisión del Ejecutivo representa una de las privatizaciones de mayor alcance económico de la gestión de Javier Milei. La concesión involucra un negocio estimado en miles de millones de dólares y el control operativo de una infraestructura clave para la economía argentina, en un contexto en el que el Gobierno impulsa una política de desregulación y mayor participación del capital privado en áreas consideradas estratégicas.
Sin embargo, el proceso licitatorio quedó envuelto en cuestionamientos antes de su adjudicación. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) advirtió presuntas irregularidades, entre ellas la ausencia de estudios de impacto ambiental y aspectos del pliego que, según el organismo, pudieron limitar la competencia entre oferentes. A su vez, una denuncia penal presentada por la Fundación por la Paz y el Cambio Climático sostiene que algunos requisitos técnicos habrían favorecido especialmente a Jan De Nul, una acusación que deberá ser analizada por la Justicia.
La licitación también estuvo atravesada por impugnaciones entre las empresas participantes. La belga DEME Group, principal competidora de Jan De Nul, denunció supuestas irregularidades en el proceso, mientras que la adjudicataria solicitó la descalificación de su rival por presuntos incumplimientos técnicos y administrativos. El conflicto escaló incluso a nivel internacional y forma parte del complejo escenario que rodeó la definición de la concesión.
A los cuestionamientos administrativos se suman antecedentes que alimentan la controversia. Jan De Nul fue mencionada en la denominada “Causa Cuadernos” a partir de declaraciones del empresario Gabriel Romero, ex titular de EMEPA, quien admitió haber realizado pagos ilegales para obtener una prórroga de la concesión en 2010. La empresa negó haber participado o tenido conocimiento de esas maniobras y atribuyó la responsabilidad exclusivamente a su entonces socio local.
Organizaciones sociales, especialistas en cuestiones ambientales y distintos sectores políticos también expresaron preocupación por el alcance de las obras previstas. Entre los principales cuestionamientos figuran la falta de una evaluación integral de impacto ambiental, las posibles consecuencias de profundizar el cauce sobre el ecosistema del delta del Paraná y la escasa participación de las provincias y de la ciudadanía en una decisión que involucra uno de los principales bienes comunes del país.
La nueva concesión también reavivó una discusión de fondo sobre el modelo de desarrollo impulsado por el Gobierno nacional. Mientras la administración de Javier Milei sostiene que la participación privada permitirá mejorar la competitividad y atraer inversiones, distintos sectores advierten que la continuidad de un esquema de gestión privatizada sobre una infraestructura estratégica limita la capacidad del Estado para planificar el comercio exterior y profundiza un modelo económico centrado en la exportación de materias primas. Más allá de las posiciones, la adjudicación confirma que la principal vía navegable de la Argentina continuará, por al menos otro cuarto de siglo, bajo administración privada.
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