La Legislatura porteña aprobó una reforma del sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) que modifica los plazos de las inspecciones, incorpora herramientas digitales y habilita la participación de talleres privados para realizar los controles obligatorios. La implementación será gradual y se completará hacia los últimos meses de 2026, a medida que venzan las concesiones de las plantas verificadoras que actualmente prestan el servicio.
Entre los cambios más importantes, los vehículos particulares cero kilómetro deberán realizar la primera VTV a los cinco años de su patentamiento, en lugar de los cuatro establecidos por el régimen anterior. Además, los autos de hasta diez años de antigüedad obtendrán una verificación con vigencia de dos años. Superado ese plazo, volverá a regir la revisión anual.
La reforma también incorpora la posibilidad de acreditar la aprobación de la VTV mediante un certificado digital que podrá exhibirse desde el teléfono celular, aunque la oblea colocada en el parabrisas y la documentación en papel continuarán siendo válidas durante la transición.
Otro de los puntos centrales es la creación de un Registro Único de Talleres de Verificación Técnica Vehicular Obligatoria y Calificados. El nuevo esquema permitirá que concesionarias oficiales, empresas importadoras y talleres mecánicos privados puedan realizar las inspecciones, siempre que cumplan con los requisitos técnicos establecidos por la normativa y cuenten con un director técnico responsable.
La modificación implica el fin del sistema basado exclusivamente en siete plantas verificadoras y abre el servicio a nuevos prestadores. Junto con ese cambio, la Ciudad eliminará las tarifas reguladas: los talleres habilitados podrán fijar libremente el precio de la verificación, sin los valores mínimos y máximos que hasta ahora establecía el Estado.
Desde el oficialismo porteño y los bloques que acompañaron la iniciativa, entre ellos La Libertad Avanza, sostienen que la apertura del mercado aumentará la competencia, ampliará la oferta de establecimientos y permitirá mejorar la calidad del servicio para los usuarios.
Sin embargo, la reforma también profundiza el proceso de desregulación impulsado tanto por el Gobierno de la Ciudad como por la administración nacional. Si bien el Ejecutivo argumenta que la competencia favorecerá a los conductores, el nuevo esquema traslada la definición de los precios al mercado y abre interrogantes sobre los mecanismos de control que garantizarán criterios uniformes en las inspecciones y evitarán diferencias en la calidad del servicio entre los distintos prestadores.
Más allá de los cambios administrativos, la VTV continuará siendo obligatoria para circular. Las exenciones vigentes para jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo y para personas con discapacidad se mantienen únicamente respecto del pago del trámite, ya que la realización de la inspección seguirá siendo obligatoria en todos los casos previstos por la ley.
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