La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó la derogación de la Ordenanza Municipal N° 46.229, una normativa emblemática que desde hacía más de tres décadas blindaba a los parques y plazas públicos de cualquier tipo de privatización, cesión o explotación comercial.
La medida generó una fuerte reacción por parte de organizaciones socioambientales y vecinales, quienes denuncian que la eliminación de esta norma otorga al Gobierno de la Ciudad una amplia libertad para disponer de los espacios públicos en favor de negocios inmobiliarios y gastronómicos privados.
La ordenanza ahora derogada había sido sancionada por unanimidad en abril de 1993 por el entonces Concejo Deliberante, bajo el impulso de un proyecto del concejal Carlos Louzán. En su articulado, la norma establecía de forma taxativa la prohibición de otorgar concesiones, transferencias de dominio, tenencias precarias o permisos de uso sobre cualquier espacio destinado a parques, plazas, plazoletas o áreas verdes de uso público pertenecientes al dominio municipal. Asimismo, determinaba que los permisos vigentes en aquel momento no podrían ser renovados una vez alcanzado su vencimiento.
Aquel hito legislativo de la década de 1990 buscó poner un freno definitivo a la entrega indiscriminada de tierras públicas para fines comerciales que había caracterizado a la gestión del entonces intendente Carlos Grosso. En ese contexto, la Asociación Amigos del Lago de Palermo —entidad que inició sus actividades en 1990 tras frenar un proyecto para construir un hotel cinco estrellas en el Parque Tres de Febrero— lideró un movimiento ambientalista que dio origen a la Asamblea Permanente por los Espacios Verdes Urbanos (APEVU), logrando unificar a todo el arco político en defensa del patrimonio natural de la ciudad.
Treinta y tres años después de aquel consenso general, el escenario político porteño muestra un giro radical. A través de una declaración pública emitida por el espacio “Queremos Buenos Aires – Alternativa para el Área Metropolitana en emergencia”, las organizaciones civiles señalaron con dureza que varios de los sectores que en 1993 respaldaron la protección ambiental, en este año 2026 acompañaron con su voto la quita de estas restricciones. Según advierte el pronunciamiento de este colectivo regional, el Ejecutivo porteño busca avanzar con urgencia en la instalación de bares y locales comerciales anexos en plazas y parques, amparándose en la cuestionada Ley N° 4.950 aprobada en el año 2014. Con la remoción de la ordenanza de 1993, la administración local elimina uno de sus principales escollos legales.
No obstante, los activistas advierten que el Gobierno de la Ciudad todavía enfrenta trabas normativas, dado que el Código Urbanístico vigente no admite el uso comercial de “bares” dentro del Distrito Urbanización Parque (UP), lo que plantea el interrogante de si el oficialismo intentará también una reforma a dicho código. Ante esta situación, la Asociación Amigos del Lago de Palermo convocó formalmente a los diputados que votaron en contra de la derogación a presentar un nuevo proyecto de ley que replique el texto original de la Ordenanza 46.229, al tiempo que anunciaron el inicio de una campaña pública de concientización para recuperar la protección legal de los pulmones verdes de la traza urbana.
