La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un planteo del Gobierno Nacional para apartar a los jueces (incluidos los propios ministros del tribunal) que intervienen en la causa por la Ley de Financiamiento Universitario.
El Ejecutivo argumentaba que los magistrados no debían intervenir por ser docentes en universidades públicas, pero el tribunal desestimó la recusación por considerarla improcedente.
Con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte concluyó que la actividad docente no afecta la imparcialidad necesaria para resolver la disputa.
Tras el rechazo, el máximo tribunal ordenó al tribunal de origen que conforme un incidente en un plazo de 24 horas para el tratamiento de la medida cautelar y lo eleve de forma inmediata.
El conflicto se originó cuando el Consejo Interuniversitario Nacional, junto con rectores de cuarenta y nueve universidades nacionales, inició una acción de amparo colectivo para que se declarara la inconstitucionalidad del decreto 759/2025.
El Decreto 759/2025 del Poder Ejecutivo Nacional promulgó la Ley N° 27.795 de Financiamiento Universitario, pero suspendió su aplicación hasta que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento y las incluyera en el Presupuesto Nacional.
Sin embargo, esta suspensión fue frenada por la Justicia: En diciembre de 2025, el fuero federal dictó una medida cautelar que anuló los efectos del decreto, obligando al Gobierno a aplicar la ley de inmediato y garantizando así el presupuesto, los salarios docentes y las becas.
El 1 de junio de este año se incorporó al nuevo expediente la carta que Mariela Belski, directora de Amnistía Internacional Argentina, remitió a la Corte Suprema. En ella, más de 4700 personalidades y organizaciones de la sociedad civil les piden a Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti que no demoren el tratamiento del financiamiento universitario.
“Esta Corte tiene la oportunidad de reafirmar que los derechos consagrados en la Constitución Nacional requieren recursos económicos suficientes y adecuados para ser efectivos. La Constitución encomienda a los poderes del Estado garantizar las condiciones de la educación universitaria pública como una responsabilidad indelegable”, dice la nota.
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