El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó que resolvió avanzar, por vía de contratación directa, en la construcción de una alcaidía no penitenciaria en el cruce de la avenida 27 de Febrero y la Autopista Cámpora, en el barrio de Villa Soldati, Comuna 8. La obra, que tendrá un presupuesto oficial de 7.800 millones de pesos y un plazo estimado de 240 días, apunta a descomprimir comisarías y dependencias policiales colapsadas por la sobrepoblación de detenidos alojados en espacios que no fueron pensados para estadías prolongadas.
La convocatoria fija como fecha clave el 22 de diciembre a las 11, momento en el que se espera recibir las propuestas económicas y técnicas de tres firmas especialmente invitadas: San Marino Construcciones, Lihue Ingeniería y TECMA SA. No se trata de una licitación pública tradicional, sino de un procedimiento de contratación directa amparado en la normativa local para situaciones de emergencia, lo que permite acortar plazos en un contexto que el propio Ejecutivo califica como crítico.
Esta decisión se inscribe en la emergencia edilicia y de infraestructura vigente para comisarías y lugares de alojamiento transitorio de personas privadas de libertad, declarada por el Decreto 200/24 y prorrogada por el Decreto 194/25. Según los fundamentos oficiales, el sostenido incremento de detenidos en dependencias policiales desde 2020, sumado a las restricciones del Servicio Penitenciario Federal para recibir nuevos internos, llevó el sistema al límite y obliga a respuestas rápidas para evitar un escenario de colapso absoluto.
La iniciativa actual tiene como antecedente directo la frustrada licitación para construir, en el mismo predio de 27 de Febrero, la denominada “Alcaidía Central de la CABA”. Aquel proceso fue anulado cuando las autoridades porteñas optaron por priorizar la finalización del Complejo Penitenciario de Marcos Paz, que prometía aliviar la presión sobre comisarías y alcaidías pero nunca se concretó del todo. El resultado fue una doble trampa: la obra centralizada no avanzó y el problema de la sobrepoblación se agravó.
Ahora, el Ministerio de Seguridad y la Dirección de Alcaidías impulsan un proyecto más acotado, centrado en infraestructura de soporte para estructuras modulares. La idea es montar en Villa Soldati una alcaidía no penitenciaria, pensada para alojamientos transitorios y con capacidad para organizar traslados, audiencias y derivaciones sin que las comisarías deban seguir funcionando como pequeñas cárceles improvisadas.
La documentación técnica detalla que la obra se ejecutará en el predio ubicado en Av. 27 de Febrero 7151, en la intersección con la Autopista Cámpora, corazón de la Comuna 8. El objeto específico es levantar la infraestructura necesaria para emplazar módulos habitacionales prefabricados que cumplirán funciones de alcaidía no penitenciaria, aunque esos módulos no forman parte del alcance de la contratación actual. Es decir, primero se montará la “plataforma” de hormigón, cubiertas metálicas e instalaciones, y luego se instalarán las unidades modulares.
El pliego aclara que la empresa adjudicataria deberá encargarse de toda la mano de obra, equipos, herramientas y materiales para construir estructuras de hormigón, cubiertas, redes sanitarias y eléctricas, de modo que los módulos puedan operar en condiciones óptimas una vez instalados. La apuesta es ganar rapidez mediante soluciones industrializadas, pero sobre una base robusta que garantice seguridad, funcionamiento continuo y mantenimiento adecuado en una zona atravesada por autopistas, circulación intensa y terrenos complejos.
El contexto político e institucional también le da un marco particular al proyecto. El mes pasado, la Legislatura porteña creó por primera vez en la historia el Servicio Penitenciario de la Ciudad, un paso clave en la autonomía local en materia de ejecución de penas y administración de establecimientos de detención. En los fundamentos de la nueva obra se reconoce que el fracaso de la anterior licitación para la Alcaidía Central, sumado a la inconclusa finalización del Complejo Penitenciario Federal VII, profundizó la sobrepoblación en comisarías, generando condiciones de alojamiento por debajo de estándares mínimos.
Ante esa combinación de emergencia edilicia, presión judicial y demandas de organismos de derechos humanos, el Ejecutivo porteño optó por utilizar la herramienta de contratación directa contemplada en el artículo 26 inciso a) de la Ley 6.246, que habilita este tipo de procedimiento frente a situaciones extraordinarias que desaconsejan un llamado ordinario. El expediente ya cuenta con la intervención de las áreas de Infraestructura, Hacienda, Compras, Impacto Ambiental, Planeamiento Urbano y Procuración, y resta ahora conformar la Comisión de Evaluación de Ofertas para avanzar hacia la adjudicación.
La elección de Villa Soldati como sede del proyecto no es casual: la Comuna 8 concentra históricamente infraestructura vinculada a la seguridad, el deporte y los grandes equipamientos urbanos, al tiempo que padece fuertes desigualdades respecto de otras zonas de la Ciudad. Mientras el Gobierno defiende la necesidad de contar con instalaciones adecuadas para ordenar el alojamiento transitorio de detenidos y liberar a las comisarías de una función carcelaria para la que no fueron pensadas, parte del debate público se centra en cómo estas obras conviven con las demandas de urbanización, servicios básicos y espacios comunitarios que la zona reclama desde hace años.
En los próximos meses, el avance del proyecto será un termómetro de la política penitenciaria porteña y de la capacidad del flamante Servicio Penitenciario de la Ciudad para gestionar una red de alcaidías y centros de detención que respete derechos básicos y, al mismo tiempo, mejore la operatividad del sistema de seguridad. La nueva alcaidía modular de 27 de Febrero y Cámpora aparece como una pieza clave en ese tablero: una obra pensada para responder a la urgencia, pero cuyos efectos se proyectarán mucho más allá de la emergencia declarada
